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La Plataforma de Afectados por la Corrupción de Canet d’en Berenguer reclama al Ayuntamiento una revisión de distintos expedientes municipales y la convocatoria de una Comisión de Asuntos Jurídicos para analizar su situación. La petición llega después del pleno celebrado el pasado 17 de septiembre, una sesión en la que, según la Plataforma y representantes de la oposición, quedaron sin respuesta detallada algunas de las cuestiones planteadas sobre contratos, litigios y posibles consecuencias económicas para las arcas municipales.
La entidad considera que una comisión específica permitiría examinar los expedientes de manera ordenada, con acceso de los grupos municipales a la documentación y la participación de responsables técnicos. Además, solicita una auditoría externa e independiente que permita reconstruir el recorrido administrativo y económico de los asuntos incluidos en su petición.
La Plataforma sitúa en torno a 15 millones de euros el posible impacto conjunto de los expedientes que pretende revisar. La propia entidad advierte de que se trata de una estimación provisional y que la cifra debe ser desglosada y contrastada para determinar qué cantidades han sido realmente abonadas, cuáles permanecen pendientes y qué obligaciones económicas son definitivas.
La enésima comunicación de la "fantasmagórica" Plataforma contra la Corrupción ha sido recibida en el consistorio con el hastío habitual. “Llevamos meses oyendo hablar de esta supuesta asociación, que jamás ha solicitado mantener una reunión con nosotros, y seguimos sin saber quién está detrás. De momento, no nos consta que exista el tal Iñaky Sos Salvador, que firma sus comunicados, pero sí podemos acreditar la relación entre la entidad y un exabogado y socio del exsecretario José Antonio Sancho Sempere, condenado por corrupción”.
Por otra parte, recuerdan desde la institución, “ninguna asociación, y menos si no existe legalmente, está capacitada para solicitar una auditoría de unos hechos que, en la mayoría de los casos, ocurrieron hace años y han sido juzgados. El Ayuntamiento siempre ha actuado con la máxima transparencia en estos casos y lo seguirá haciendo. La cifra de 15 millones que maneja la supuesta plataforma es, simplemente, ficticia y se basa en datos que se han demostrado falsos, como cuando decía que habría que pagar 5 millones por una planta potabilizadora de la que no hay ni planos”.
Tres expedientes con cifras concretas
Entre los asuntos señalados figura el proyecto Mas Camarena, cuya documentación aportada por la Plataforma sitúa en unos 2,2 millones de euros la cuantía vinculada al litigio relacionado con la adjudicación o disposición de terrenos municipales para un proyecto educativo.
La entidad reclama que se determine el alcance económico real del procedimiento a partir de la resolución judicial, su eventual firmeza, la ejecución y los posteriores acuerdos municipales y registros contables. La cifra, por tanto, se presenta como un importe vinculado al litigio y no como un perjuicio patrimonial firme.
Otro de los expedientes mencionados es el proyecto hotelero Vitas Amarre. Según la documentación facilitada por la Plataforma, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana habría fijado una indemnización de 276.375 euros. La entidad también hace referencia a actuaciones relacionadas con una posible valoración de responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas.
La Plataforma incluye asimismo la denominada piscina del Cantó, para la que calcula de manera orientativa un posible impacto cercano a 700.000 euros. En este caso reclama revisar los presupuestos, adjudicaciones, certificaciones, modificaciones contractuales, facturas, pagos e informes técnicos para determinar el coste efectivo del expediente.
Los tres importes mencionados suman 3.176.375 euros, aunque la propia información facilitada por la Plataforma advierte de que esta suma no puede considerarse automáticamente un perjuicio definitivo para el Ayuntamiento. La situación de cada expediente, sostiene, requiere un análisis individualizado.
Los contratos del agua, entre los expedientes reclamados
La revisión solicitada también afecta a los contratos de abastecimiento de agua y alcantarillado vinculados a EGEVASA. Según la documentación aportada, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 31 de marzo de 2025 estimó un recurso de AQLARA y ordenó al Ayuntamiento tramitar una revisión de oficio respecto de contratos de 2004 y 2009 por una posible causa de nulidad de pleno derecho.
La Plataforma reclama conocer el estado de ese procedimiento, los informes emitidos, los acuerdos municipales adoptados y las posibles consecuencias económicas y jurídicas.
A la lista añade contratos y pagos relacionados con asesoramiento jurídico, entre ellos los vinculados a la Academia Valenciana de Juristas, además del servicio de recaudación municipal, determinados procedimientos de personal y promoción interna y el expediente conocido como "Semáforo Foro Rojo".
En estos casos, la entidad reclama acceder a la documentación para comprobar el desarrollo de los procedimientos y el cumplimiento de las normas aplicables en materia de contratación, gasto público y gestión administrativa.
Petición de una auditoría externa
Ante la diversidad de expedientes y las diferentes cifras que, según la Plataforma, se han difundido sobre ellos, la entidad plantea la realización de una auditoría externa, profesional e independiente. Su objetivo sería diferenciar las cantidades efectivamente pagadas de las estimaciones y conocer qué obligaciones económicas siguen vigentes.
La Plataforma también pide que se detalle qué pagos corresponden a litigios, contratos, intereses o costas y si existen cantidades pendientes de recuperación.
La entidad sostiene que los aproximadamente 15 millones de euros que atribuye al conjunto de asuntos no constituyen un daño patrimonial acreditado ni una responsabilidad ya determinada, sino una estimación que debe ser sometida a un análisis técnico.
Por su parte, la Plataforma también ha cuestionado la respuesta ofrecida durante el pleno del 17 de septiembre. Según su versión y la de representantes de la oposición, el alcalde, Pere Antoni Chordà, no habría entrado en el fondo de algunas de las cuestiones planteadas y habría aplazado la convocatoria de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
La Plataforma sostiene además que durante la sesión el alcalde calificó de "mentiroso" a un concejal. Este extremo queda pendiente de ser contrastado con el acta y la grabación oficial del pleno.
La entidad reclama ahora al gobierno municipal información sobre los expedientes y una respuesta a sus peticiones de comisión y auditoría. La posición del alcalde y del equipo de gobierno sobre las acusaciones, las cifras planteadas y la solicitud de revisión deberá incorporarse al expediente informativo para contrastar las distintas versiones.