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La nueva Ley de Movilidad Sostenible obligará a partir del 5 de diciembre de 2026 a las empresas de más de 200 trabajadores —o de más de 100 empleados por turno— y a las entidades del sector público a disponer de medidas y planes específicos para favorecer una movilidad más sostenible, segura y eficiente en los desplazamientos al centro de trabajo. Así se puso de manifiesto en una jornada organizada por UGT en su sede de Sagunto, donde representantes sindicales analizaron las implicaciones de la futura normativa para empresas y personas trabajadoras.
Durante el encuentro se abordaron los retos que plantea la implantación de estos planes de movilidad, que deberán negociarse con la representación legal de las personas trabajadoras. La secretaria general de UGT en la comarca, Ana Estellés, destacó que este proceso "deberá realizarse mediante negociación, garantizando así la participación sindical en el diseño de las actuaciones que afectarán a las plantillas".
Uno de los principales asuntos abordados fue la situación de la movilidad en los polígonos industriales de Sagunto, donde el vehículo privado continúa siendo el principal medio de transporte utilizado por la mayoría de trabajadores. Desde el sindicato señalaron que la escasa oferta de transporte público, las deficientes conexiones entre algunas áreas industriales y los núcleos urbanos, así como la falta de infraestructuras para desplazamientos en bicicleta o a pie, dificultan la implantación de alternativas más sostenibles.
En este sentido, Estellés defendió la necesidad de impulsar soluciones que mejoren la accesibilidad a las áreas industriales, reduzcan la congestión del tráfico, disminuyan las emisiones contaminantes y favorezcan el transporte colectivo como alternativa al coche privado.
Una oportunidad para mejorar la calidad de vida
Desde UGT insistieron en que la negociación de los planes de movilidad al trabajo no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino también como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las plantillas, incrementar la seguridad en los desplazamientos, reducir los tiempos de viaje y avanzar hacia empresas más competitivas y comprometidas con la sostenibilidad.
La responsable comarcal del sindicato subrayó que la participación de la representación legal de las personas trabajadoras será "un elemento esencial" para garantizar que las medidas respondan a las necesidades reales de las plantillas y permitan desarrollar una movilidad más eficiente.
Durante la jornada también se puso en valor el papel que desempeña UGT en las distintas mesas de movilidad de los polígonos industriales del Camp de Morvedre, donde colabora con administraciones públicas, organizaciones empresariales y otros agentes sociales para impulsar proyectos dirigidos a mejorar los accesos a las áreas industriales y promover un modelo de transporte más sostenible.
Ana Estellés defendió que el diálogo social será una herramienta "imprescindible" para aplicar con éxito la nueva normativa, facilitando acuerdos que permitan compatibilizar los objetivos medioambientales con la organización del trabajo y las necesidades tanto de las empresas como de sus plantillas.
Menos emisiones y más transporte público
La secretaria general recordó que el principal objetivo de la Ley de Movilidad Sostenible es avanzar hacia un modelo de transporte que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuya la dependencia del vehículo privado, impulse el uso del transporte público y otros medios de desplazamiento sostenibles, y contribuya a mejorar la salud y la seguridad vial.
Finalmente, UGT reiteró que el éxito de esta transformación dependerá de la implicación conjunta de administraciones, empresas y agentes sociales, y aseguró que continuará participando en los espacios de diálogo y negociación para defender una movilidad sostenible, compatible con el desarrollo industrial y los derechos de las personas trabajadoras del Camp de Morvedre.