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José Antonio Sancho Sempere ha vuelto a intentar lo imposible: utilizar la justicia como parapeto de su propio entramado, disfrazando de “peritaje” lo que huele, cada vez más, a maniobra desesperada para proteger al llamado “clan Sancho”. Ha presentado en un Juzgado de Instrucción de Valencia un informe que atribuye al concejal Carlos Julián Zahera, en el que se sostiene que la Junta Rectora de la Academia Valenciana de Juristas —nombrada por el propio Sancho en 2016— no figura ni depositada en el Registro de Asociaciones ni publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Y pretende, con ese documento, apuntalar su defensa en unas diligencias penales por corrupción que ya salpican no sólo al exsecretario de Canet d’en Berenguer, sino también a su esposa, Amparo González Sanchis, y a su hija, Carmen Sancho González.
Un peritaje al servicio del imputado
El corazón de esta maniobra es simple y brutal: si la Junta Rectora de la Academia Valenciana de Juristas “no existe” jurídicamente, si no aparece en los registros ni en el diario oficial, entonces todo lo que se hizo bajo ese paraguas queda envuelto en una neblina formal que diluye responsabilidades. Es el viejo truco de quien primero monta un chiringuito con apariencia de academia respetable, emite facturas al Ayuntamiento, cobra dinero público y, cuando la justicia llama a la puerta, sostiene que aquella estructura nunca estuvo formalmente constituida.
Que el autor de ese informe sea Carlos Julián Zahera, concejal que durante años ha estado íntimamente vinculado al propio Sancho, multiplica la gravedad. No hablamos de un experto independiente, ni de un catedrático ajeno a la trama; hablamos de quien, según fuentes periodísticas, votó a favor de la contratación por Canet de la empresa fundada por Sancho y conformó varias facturas de la propia Academia Valenciana de Juristas, que operaba en la práctica como empresa de Sancho. Es decir, el concejal que participó en el circuito de facturas ahora se presenta como perito que niega la existencia formal del órgano directivo de esa misma estructura.
El “clan Sancho” frente a la justicia
Las diligencias en Valencia tienen como protagonistas a José Antonio Sancho Sempere, su esposa Amparo y su hija Carmen. No es un caso aislado, sino el resultado de años de indicios sobre un funcionamiento sistemático: estructuras asociativas y societarias vinculadas a Sancho, familiares que obtienen posiciones e intereses en la administración, contratos y facturas que convergen en el mismo núcleo de poder.
En ese contexto, el informe de Carlos Julián no es un papel inocuo: es una pieza diseñada para introducir en el procedimiento penal un relato que niega la base jurídica de la Academia Valenciana de Juristas, con la finalidad de debilitar la imputación y proteger al “clan”.
La idea es que, si la Junta Rectora nunca fue correctamente inscrita ni publicada, todo lo que se le atribuye se vuelve jurídicamente difuso, y con ello se pretende erosionar la fuerza de la acusación por prevaricación, malversación y corrupción.
La reacción de los querellantes evidencia que no estamos ante una defensa convencional. Han solicitado al juzgado el testimonio íntegro de la declaración efectuada por Carlos Julián Zahera y del informe que ha aportado, conscientes de que ese documento puede ser, por sí mismo, fuente de nuevos delitos. Quieren que se vea negro sobre blanco qué sostiene el concejal, cómo lo justifica y en qué se basa, para confrontarlo con la realidad administrativa y documental.
Encaje penal: cuando la defensa se convierte en delito
Si el informe de Carlos Julián afirma la inexistencia de la Junta Rectora en el Registro de Asociaciones y en el Diari Oficial de la Generalitat, pero la investigación demuestra que hubo acuerdos, reuniones, decisiones, facturas, pagos y actuaciones administrativas que presupone esa Junta, el escenario penal cambia radicalmente.
Puede haber falsedad documental: un informe utilizado en sede judicial que altera la realidad o la presenta de forma engañosa, con la finalidad de incidir en una resolución penal. El peritaje deja de ser una opinión técnica para convertirse en instrumento de manipulación del proceso.
Puede haber estafa procesal: cuando se utiliza un engaño cualificado contra el órgano judicial para obtener una ventaja procesal, disfrazando de prueba pericial un documento cuyo objetivo real es inducir al juez a error. El relato de la inexistencia de la Junta no es un matiz técnico; es un intento de borrar las huellas del chiringuito sobre el que se elevan las facturas y los contratos que se investigan.
Y todo ello se inserta sobre un sustrato de presunta prevaricación y malversación: decisiones administrativas adoptadas desde el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer para contratar y pagar a una estructura impulsada por el propio secretario, con el apoyo activo de concejales como Carlos Julián, que conforman facturas y legitiman los pagos. No es un simple conflicto de intereses: es un circuito completo en el que quien propone, quien decide y quien cobra forman parte del mismo círculo.
El concejal-perito: connivencia y responsabilidad
Carlos Julián Zahera está sentado en dos sillas incompatibles: la del actor político que vota, conforma y avala facturas; y la del supuesto experto que dice al juez que la Junta Rectora de la academia que él mismo ayudó a operar no existe jurídicamente. Esa doble posición lo coloca en una zona de riesgo penal evidente.
Si se demuestra que sabía que la Junta funcionaba de facto, que su propia actuación como concejal partía de la premisa de que existía una estructura con la que se contrataba y a la que se pagaba, su informe pericial se convierte en una pieza de cooperación necesaria en la estrategia defensiva de Sancho. Ya no es un tercero neutral, sino un coautor o cooperador de una posible falsedad o estafa procesal.
Los querellantes, al pedir el testimonio íntegro de su declaración y del informe, buscan precisamente esa radiografía completa: quieren que el juez vea cómo encaja lo que ahora dice con lo que hizo entonces, cuál es la distancia entre su relato actual y su trayectoria en Canet, y cómo se alinea su versión con los intereses del “clan Sancho”. Si esa distancia es insalvable, su papel en la causa puede cambiar de la noche a la mañana.
Una justicia a la que se pretende engañar
El fondo del asunto es tan grave como claro: se intenta utilizar la justicia penal como una prolongación del viejo sistema de opacidad, presentando informes interesados como si fueran dictámenes técnicos neutrales. Es el mismo patrón que ha corroído la vida institucional de Canet d’en Berenguer: decisiones municipales al servicio de una trama, estructuras asociativas a medida, facturas que salen del ayuntamiento hacia empresas orbitando alrededor de Sancho, y responsables políticos que hoy pretenden presentarse como notarios de la verdad.
La pregunta que este caso plantea es incómoda, pero imprescindible: ¿hasta cuándo se va a tolerar que quienes participaron en circuitos de presunta corrupción se sienten ante un juez como si fueran expertos imparciales, y aporten informes cuyo objetivo no es aclarar los hechos, sino enturbiarlos? Cuando la defensa se basa en ocultar la existencia misma de la estructura utilizada para facturar, lo que está en juego ya no es solo la responsabilidad del “clan Sancho”, sino la credibilidad de todo el sistema.