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Canetd’En Berenguer, esa joya costera del Camp de Morvedre que seextiende como un paraíso playero a las puertas de Valencia, ha sidodurante las últimas dos décadas y media un caldo de cultivo paraescándalos que han empañado su imagen idílica. Con apenas 7.000habitantes, este municipio ha protagonizado una sucesión de casos decorrupción que van desde el amaño de oposiciones y contratosfalsos, hasta el desvío de fondos públicos a bolsillos privados. Enel centro de esta vorágine se encuentra José Antonio SanchoSempere, el ex secretario municipal apodado ''el zorro en el gallinero'', no sólo por el título de la obra de investigación publicada por NPQ Editores, sino porque era el que debía velar por la legalidad, quien precisamente la pervertía. Perono todo se reduce a él: alcaldes y funcionarios y rabajadores delmunicipio y empresas privadas fueron tejiendo un tapiz deirregularidades que ha costado millones a las arcas públicas y haminado la confianza de los vecinos.
LaPlataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas deJosé Antonio Sancho, movimiento cívico nacido para esclarecer todaslas citadas corruptelas la mayor partes delictivas, instó a expertosjuristas y economistas de reconocido prestigio la elaboración deinformes jurídicos para la interposición de acciones judiciales. Endichos dictámenes los especialistas repasan cronológicamente losprincipales casos de corrupción de los que se tiene constancia enCanet d´En Berenguer, desde el año 2000 hasta la actualidad,basándose en sentencias judiciales firmes, informes pericialeselaborados por la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia,investigaciones periodísticas y denuncias que siguen interponiéndoseante los tribunales de justicia, además de ante otros organismos decontrol de las actividades del municipio de Canet, como la AgenciaValenciana Antifraude, la Sindicatura de Cuentas, la FiscalíaAnticorrupción de Valencia y el Tribunal de Cuentas, entre otros.
Losalbores del siglo: El boom urbanístico y los primeros pelotazos(2000-2005)
Elnuevo milenio trajo a Canet un auge urbanístico desbocado, apodadopor algunos como “la Marbella valenciana”. En esos años, elmunicipio se transformó a golpe de recalificaciones y licenciasexprés, pero bajo la superficie bullía en Canet d´En Berenguer unsistema de favoritismos que beneficiaba a promotores y políticosafines. Aunque no hay condenas firmes de esa época, lasinvestigaciones posteriores han destapado cómo se sentaron las basesde la corrupción estructural. Aquí hay que anotar al empresario Enrique Bañuelos, saguntino de fama internacional.
Todocomienza en 2000, cuando se detectan las primeras conexiones opacasentre el Ayuntamiento de Canet y el de La Pobla de Farnals. SanchoSempere, ya consolidado como secretario en Canet desde finales de los80, inicia una red de “asesorías” que le permite facturarservicios ficticios o simplemente falsos a varios consistorios de laprovincia de Valencia.
Segúninvestigaciones judiciales, Sancho Sempere y su entorno —incluyendoa su familia en concreto su hija y también funcionaria Carmen Sanchoy su esposa Amparo González Sanchis, — empezaron a infiltrarse enprocesos administrativos clave, como la de los contratos deconsultoría. Esta“trama de las asesorías” sería el eje de múltiples condenasposteriores, pero en aquellos años se tradujo en pelotazosurbanísticos que engañaron a agricultores locales, recalificandoterrenos sin control y generando plusvalías millonarias para unospocos.
Uncaso emblemático de esta etapa es el contrato de gestión delservicio de agua potable y alcantarillado adjudicado en 2004 aEgevasa, una empresa vinculada a intereses locales. El procedimientode licitación estuvo plagado de irregularidades: informesmanipulados, facturas presuntamente falsificadas y una “organizacióncriminal” dentro del ayuntamiento.
Personascomo Amparo Mañó Canet (ex alcaldesa), Octavio Herranz López (exalcalde), Leandro Benito Antoni (ex alcalde), Víctor Almor Marzal (concejal), Carlos JuliánZahera (concejal) y el propio Sancho Sempere —junto a su hijaCarmen— están presuntamente implicados por acción o por omisiónen este caso cuya investigación está en curso en este momento antela Fiscalía Provincial de Valencia y los Juzgados de Instrucción. Una situación que se arrasta hasta el 2025 y que supone un nubarrón en la gestión del actual primer munícipe, Pere Antoni.
Ladécada de las detenciones: La trama de las asesorías estalla(2006-2015)
Laburbuja inmobiliaria reventó en 2008, pero en Canet lasramificaciones corruptas solo empezaron a salir a la luz añosdespués. Entre 2006 y 2010, Sempere amplió su influencia a unaveintena de ayuntamientos de la provincia, incluyendo San Antonio deBenagéber y La Pobla de Farnals, especialmente. Su modus operandi era simple peroefectivo: facturar “asesorías jurídicas” amañadas a losconsistorios a cambio de quedarse con el dinero facturado. La alcaldesa de La Pobla, la tránsfuga del PP Natividad García, acabó en la cárcel por aceptar soborno de Sancho Sempere, quien también terminaría en el talego.
EnLa Pobla, por ejemplo, Sempere justificó su intervención alegandoun “desastre contable”, pero en realidad usó el caos paradesviar fondos a sus empresas privadas.
Elpunto de inflexión llegó en abril de 2015 con la intervenciónprimero de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de laComandancia de la Guardia Civil de Valencia se realiza una redada enel domicilio profesional de Sancho Sempere y varios Ayuntamientos yempresas públicas que dejó varios detenidos entre ellos el propioSancho Sempere, secretario de Canet. La investigación reveló unatrama de cohechos, prevaricación continuada y negociacionesprohibidas a los funcionarios públicos que salpicaba a ex alcaldescomo Natividad García Castellar condenada por aceptar sobornos paramantener contratos con las firmas de Sempere. Eljuez de instrucción envió a prisión provisional a Sancho Sempere,desmontando una red que había esquilmado arcas públicas durante almenos una década. Aunque se jactaba de que se jubilaría cuando le diera la gana, acabó por hacerlo en la prisión de Picassent.
Estaoperación no fue aislada. En paralelo, la Agencia ValencianaAntifraude (AVAF) inició pesquisas sobre procesos de provisión deplazas en Canet, detectando amaños en oposiciones internas. Treshijos de Sempere lograron puestos de funcionario gracias a tribunalessesgados, donde miembros afines —posteriormente condenados—alteraron puntuaciones. Una de sus hijas, Carmen Sancho, funcionariaen el área de Contratación, fue señalada como “clave” en laintersección entre la trama de asesorías. Sin embargo, sigue en su puesto de trabajo.
Juicios,condenas y contraataques: La justicia responde (2016-2020)
Losaños siguientes fueron un carrusel de juicios y apelaciones. Enenero de 2016, la Audiencia Provincial de Valencia condenó aSempere a dos años de prisión por cohecho. La sentencia, ratificadaen instancias superiores, lo inhabilitó para cargo público. Sinembargo, Sempere no se rindió: en 2017, interpuso querellas contrael fiscal que destapó la trama, Pablo Ponce, acusándolo deprevaricación. El TSJCV archivó las denuncias en abril de ese año,frenando el “acoso judicial” del corrupto funcionario.
LaFiscalía Anticorrupción no cejó en su empeño. En abril de 2018,solicitó siete años más de cárcel para Sempere por diversosdelitos relacionados con la corrupción en la administración públicalocal. El juicio, que se prolongó hasta 2020, unió cabos con la“trama de las oposiciones”: plazas amañadas no solo para sufamilia, sino también para la mujer del ex alcalde de Canet, contribunales compartidos entre casos.
En2020, la AVAF investigó dos denuncias específicas en Canet: lacontratación irregular de dos agentes de policía y una adjudicaciónde obras públicas. Aunque el Ayuntamiento superó el escrutinio —lasirregularidades no alcanzaron umbral penal—, estos casosevidenciaron un patrón de favoritismos en la bolsa de empleo, queafectaba a alcaldes, concejales y funcionarios del Ayuntamiento deCanet.
Laresaca post-pandemia: Nuevas sentencias y ramificaciones (2021-2025)
Lapandemia no detuvo las investigaciones. En abril de 2021, el TribunalSupremo confirmó la condena por prevaricación contra Sancho Sempereen otras de las piezas judiciales de la trama de las asesorías, lareferida al Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, cuyo interventor era Rafa Parra Mateu, que también pasó por la prisión.
Enel mes de marzo de 2025 se ha dictado una sentencia por el TSJCV quetumba el contrato de Egevasa de 2004, abriendo la puerta a nuevosprocedimientos judicialescontra todos los alcaldes, concejales yfuncionarios implicados en el citado contrato actualmente vigenteentre el Ayuntamiento de Canet y la empresa Egevesa que segúnrefiere la sentencia estará vigente hasta el año 2.036.
ElAyuntamiento ha interpuesto en el mes de mayo de 2025 un recurso decasación frente a dicha sentencia ante el Tribunal Supremo. El alcalde, Pere Antoni, en declaraciones a Líderes de Aquí y El Periódico de Aquí se mostró muy tranquilo al considerar que quedará en nada.
Unlegado tóxico: ¿Lecciones aprendidas?
Veinticincoaños de corrupción han dejado a Canet en una situación gravísimadebido principalmente a la corrupción instalada en la localidad. Losdatos son alarmantes ,ya que según los informes encargados por laPlataforma de Afectados por Sancho Sempere, con representantes con gran solvencia jurídica, la situación es la siguiente:
La población a fecha31 de marzo de 2025 tiene por habitante (per cápita) una deuda de aproximadamente 11.108 euros, según datos oficiales de la Generalitat Valenciana y el Banco de España.
Mientrasel clan de los Sancho Sempere ha esquilmado al Ayuntamiento decenasde miles de euros de los caneteros, hasta el momento nadie ha decidido reclamar por lo robado.
El Ayuntamiento debido a esa nefasta gestión municipal de los años 2011 a 2019 ha tenido que claudicar antes sentencias condenatorias como al del caso Mas Camarena debiendo afrontar todos los cañetanos un pago superior a los 2.200.000 euros. El caso Mas Camarena en Canet d'En Berenguer está relacionado con la polémica y los recursos legales sobre la adjudicación del proyecto educativo Mas Camarena en el municipio, que fue anulada por la justicia por irregularidades en la concesión. Esta situación ha puesto en duda la continuidad del centro privado autorizado para impartir Bachillerato.
El urbanismocaótico permitidos y tolerado por todos los alcaldes y miembros de las corporaciones locales desde el año 2000 hasta la actualidad ha devorado 600.000 metros cuadrados de suelo rústico y una desconfianza crónica hacia las instituciones sin que al parecer este asunto haya despertado el interés de los regidores municipales.
La posible desestimación del recurso de casación interpuesto por el Alcalde ante el Tribunal Supremo en el caso del contrato anulado de Egevasa, puede representar un pago por daños y perjuicios, gastos y costes superior a los diez millones de euros según un reciente dictamen encargado por el movimiento cívico.
LaPlataforma de Afectados calcula en varios millones de euros los dañosy perjuicios ocasionados a los caneteros por todos los referidoscasos de corrupción que han lastrado y siguen lastrando las arcaspúblicas de la Corporación municipal. MientrasSancho Sempere, ya jubilado, se enfrenta a procesos pendientes quepodrían sumar 20 años de cárcel la corrupción sigue presente enel municipio gobernado ahora por Antoni. Desdesu toma de posesión en el año 2019 como alcalde, Pere Antoni hatratado por todos los medios de desmarcarse de la corrupcióninstalada en Canet en los años anteriores, pero según el nuevoportavoz de la Plataforma, no solo no ha conseguido esquivar loscasos de corrupción anteriores al año 2019, ''sino que se hasumergido en otros casos iguales o peores que los producidos enlegislaturas anteriores''. Una opinión de la Plataforma que no se comparte en absoluto desde el Ayuntamiento, fuentes del cual muestran su total tranquilidad respecto a la gestión del gobierno municipal encabezado por Pere Antoni. ''Los problemas vienen del pasado y nosotros haremos frente a lo que venga con la tranquilidad de que cualquier desastre viene del pasado'', explican.
Segúnun informe jurídico encargado por la Plataforma la cronología delos casos presuntamente corruptos en la gestión pública del actualalcalde de Canet d´EnBerenguer son los siguientes:
1.-Caso del contrato con Egevasa
El día 6 de mayo de 2004, elAyuntamiento de Canet d’en Berenguer adjudicó el contrato para lagestión y explotación del servicio municipal de agua potable yalcantarillado a la mercantil Egevasatras un procedimiento limitado, negociado sin publicidad, lo querestringió la concurrencia y vulneró los principiosconstitucionales de transparencia, concurrencia y libre competenciaen las contrataciones públicas.
El 10 de febrero de 2009, elAyuntamiento suscribió una prórroga del contrato por 25 añosadicionales hasta el 10 de febrero de 2036; dicha extensióncontractual carecía de la motivación y justificación legalmenteexigida, no fue objeto de contratación conforme a derecho y excedióel plazo máximo admisible para este tipo de contratos negociados.
El expediente administrativorelativo a la adjudicación y a la prórroga del contrato no incluyóla prueba suficiente ni acreditación auténtica de ofertas formalesde las empresas invitadas a participar, resultando factible unasimulación en la tramitación de las ofertas y la negociación, conla particularidad de que las mercantiles invitadas (Sociedad Españolade Abastecimientos S.A., Omnium Ibérico S.A. y Empresa GeneralValenciana del Agua S.A.) pertenecen a un mismo grupo empresarial—Aguas de Valencia S.A.—, evidenciando una posible colusión yfalta de competencia efectiva.
En el año 2022 la empresaAQLARA solicitó revisiónde oficio por nulidadde pleno derecho (art. 47.1.e de la Ley 39/2015: “falta total yabsoluta del procedimiento legalmente establecido”).
En fecha 31 de marzo de 2025el TSJCV ha dictado una sentencia contra el Ayuntamiento en lossiguientes términos
Estimar el recurso de AQLARA.
Desestimar los recursos de apelación del Ayuntamiento y de EGEVASA.
Anular la resolución municipal de 02/03/2023.
Ordenar al Ayuntamiento de Canet que, en 3 meses, tramite la revisión de oficio de los contratos de 2004 y 2009 por nulidad de pleno derecho.
Imposición de costas a Ayuntamiento y EGEVASA (2.500 € cada uno a favor de AQLARA).
En síntesis:
La sentencia refuerza la doctrina de que los contratos públicos celebrados con infracciones graves de los principios de transparencia y concurrencia pueden ser revisados incluso muchos años después.
Limita la protección de la “confianza legítima” cuando se trata de nulidad radical.
Da protagonismo al control judicial de la contratación municipal y a la competencia en el sector del agua.
La Sentencia número 188/2025, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha declarado la nulidad de pleno derecho tanto del contrato original de 2004 como de la prórroga de 2009, por infringir gravemente el procedimiento legalmente establecido para la contratación pública, afectando la legalidad y los principios básicos de la contratación administrativa.
La decisión del pleno del Ayuntamiento consistió en aprobar actos administrativos con conocimiento o, al menos, con negligencia grave respecto de las irregularidades, infringiendo los deberes constitucionales y legales en materia de buena administración pública.
La prórroga aprobada ha supuesto un grave perjuicio para el interés público y el erario municipal, al mantener la concesión en condiciones manifiestamente ilegales, dificultando la libre concurrencia y la posibilidad de mejorar las condiciones del servicio para los ciudadanos.
LaPlataforma, a la vista de dicha sentencia, encargó a expertos juristasy auditores dos informes independientes. Segúnel primero de dichos informes, los daños y perjuicios, gastos ycostes que va a tener que afrontar el Ayuntamiento ante una eventualdesestimación del recurso presentado asciende según el informe másfavorable para la corporación en más de cinco millones de eurosmientras que el segundo informe indica que el importe de tales dañosy perjuicios costes y gastos puede superar los diez millones deeuros.
Loinaudito del caso, según indica la Plataforma es quese ha tenido acceso a una información pública y publicada en variosmedios de comunicación según la cual el Ayuntamientod e Canet deBerenguer ha iniciado unas obras para la sustitución de lacanalización de agua potable en la céntrica calleCalvariode Canet d'en Berenguerpor importe de 121.581,23euros.
''Segúndichas noticias, el contrato para dichas obras se ha suscrito con laempresa Egevasa desoyendo el municipio todos los pronunciamientosestablecidos por el TSJCV antes referidos, lo que presuntamenteagrava la situación de responsabilidad del alcalde, de losconcejales del equipo de gobierno y de todos los demás regidores dela corporación municipal de Canet'', critican.
2.-Caso del funcionario municipal de Canet, José Rodríguez Jurado, actualmente subdelegado de gobierno en Valencia
Constaprobado que el día 6 de abril de 2022, el Ayuntamiento de Canet, aprobó mediante resolución n. º 2022-1376 las bases del proceso deselección para cubrir una plaza de Técnico de AdministraciónGeneral (subgrupo A1) mediante concurso-oposición.
Dichaconvocatoria incluyó un sistema de promoción interna que permite lapromoción directa del subgrupo C1 al subgrupo A1, contraviniendoexpresamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo fijada en laSentencia 883/2021, de 21 de junio de 2021, que exige el paso previoal subgrupo A2 para acceder a A1.
Eldía 4 de octubre de 2022 se admitió al aspirante, JoséRodríguez Jurado, funcionario perteneciente al subgrupo C1, paraparticipar en dicho proceso, en clara vulneración de los requisitosy del ordenamiento jurídico.
''Todoslos citados actos conlleva la nulidad de pleno derecho de los actosadministrativos señalados, conforme a lo dispuesto en el artículo47.1.f de la Ley 39/2015, por ser contrarios al ordenamiento jurídicoy haberse otorgado derechos sin reunir los requisitos esenciales. Ademásla aprobación de las bases y la admisión del aspirante serealizaron de forma consciente y deliberada, con pleno conocimientode su ilegalidad, lo que configura una conducta arbitraria y dolosa'', explican desde la Plataforma.
Elalcalde Pere Antoni con respecto a este caso ha manifestado que no existe ninguna ilegalidad en elnombramiento de Rodríguez Jurado y que si se quiere poner enduda dicho nombramiento se acuda a los tribunales. Lo ha señalado en declaraciones a El Periódico de Aquí, el programa de la 99.9 Valencia Radio 'Líderes de Aquí' y otros medios del Camp de Morvedre.
3.-Caso de pasividad por parte del alcalde sobre la reclamación de todoel dinero que se apropió el secretario general, interventormunicipal y jefe de los servicios jurídicos, José Antonio SanchoSempere desde el año 2007 hasta el año 2015
La Plataforma critica expresamente que ''el alcalde ha demostrado una absoluta pasividad en estegravísimo caso que afecta a los intereses de todos los caneteros. LaPlataforma le ha urgido a aportar los actos que ha realizado pararecuperar todo ese dinero apropiado por el ex secretario SanchoSempere pero según las últimas declaraciones efectuados por elalcalde sobres este asunto, el caso se está estudiando por losservicios jurídicos municipales. Llamapoderosamente la atención que el alcalde haga dichamanifestación cuando el asunto ya fue juzgado y hubo condena firmacontra Sancho Sempere en el mes de julio de 2022, es decir hasta másde tres años sin que conste acción alguna por parte del señor alcalde''.
4.-Caso de pasividad ante la investigación de un Juzgado de Valenciacontra la funcionaria Carmen Sancho González
Desde la Plataforma señalan también que ''espúblico y notorio que la citada funcionaria del Ayuntamiento deCanet y que ocupa nada menos que la Jefatura de Contratación Públicaestá siendo investigada por una Juzgado de Valencia en relación conla corrupción en relación con unos contratos suscrito entre elAyuntamiento e Canet y una empresa privada de José Antonio SanchoSempere de la que hasta el momento y según informes de la GuardiaCivil se han esquilmado decenas de miles de euros a la corporaciónmunicipal. Puesbien el alcalde sigue mirando para otro lado y nisiquiera ha abierto un expediente informativo a la citadafuncionaria''.
Según ha remitido a este periódico la propia Plataforma, han enviado varios burofaxes a la Corporación municipal trasladando las siguientes preguntas:
¿Qué acciones ha tomado el Ayuntamiento para revisar de oficio los procesos selectivos anulados o declarados irregulares por la Agencia Valenciana Antifraude, especialmente el ascenso de José Rodríguez Jurado?
¿Se ha cumplido con la obligación de iniciar la revisión de oficio tras el dictamen de nulidad de pleno derecho, conforme exige la AVAF y el artículo 47.1 de la Ley 39/2015?
¿Se ha remitido a la AVAF la documentación que acredite el inicio del expediente de revisión y se ha dado la transparencia exigida, incluyendo la publicación de la resolución en el portal de transparencia municipal?
¿Qué medidas específicas se han implementado para evitar la repetición de estas irregularidades en futuros procedimientos selectivos?
¿Por qué motivo no se ha procedido a la revisión de oficio del resto de oposiciones y procesos internos puestos en duda en informes de la AVAF, prensa y escritos ciudadanos?
¿Qué acciones administrativas, civiles y/o penales se han ejercido para reclamar la responsabilidad patrimonial derivada de las sentencias firmes condenatorias contra el ex secretario José Antonio Sancho Sempere?
¿Se han incoado expedientes y reclamado daños al Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas u otros órganos?
¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento para impedir nuevas contrataciones o relaciones contractuales con personas físicas o jurídicas condenadas o inhabilitadas, como la Academia Valenciana de Juristas?
¿Se ha revisado y auditado en profundidad la contratación y los pagos realizados a la Academia Valenciana de Juristas y otras relacionadas, para detectar irregularidades, siguiendo las obligaciones derivadas de la sentencia penal y los informes de la Guardia Civil?
¿Existe una política clara de información pública y rendición de cuentas tras sentencias condenatorias que afectan a empleados públicos o responsables políticos municipales?
¿Por qué no se informó de forma transparente en Pleno y a la ciudadanía?
Ante la existencia de querellas y procedimientos judiciales contra personal municipal (como Carmen Sancho González), ¿por qué no se han iniciado expedientes disciplinarios o actualizado el estado de los mismos públicamente?
¿En qué fundamenta la Alcaldía su inactividad, a pesar de los informes policiales y judiciales?
¿Por qué no se han aplicado inmediatamente las medidas cautelares de suspensión provisional de funciones, establecidas en el artículo 98.3 del EBEP, cuando concurren investigaciones penales graves sobre funcionarios o empleados públicos municipales?
¿Se ha valorado y documentado formalmente la conveniencia de abrir expedientes disciplinarios en paralelo a las investigaciones penales, en cumplimiento de la Ley 39/2015 y el EBEP?
¿Se encuentra suspendido el procedimiento disciplinario hasta sentencia penal firme, si se llegó a incoar?
¿Qué controles internos y auditorías se han instaurado en los departamentos señalados por riesgo de irregularidades o corrupción, especialmente en la contratación pública?
¿De qué modo informa la Alcaldía al Pleno de todas las medidas adoptadas respecto a expedientes sancionadores, acciones civiles o penales, auditorías y cumplimiento de sentencias?
¿Ha impulsado la Alcaldía la actualización e integración de mecanismos preventivos para frenar futuras prácticas irregulares?
¿En qué consisten estos mecanismos y se supervisan externamente?
¿Se ha dado cumplimiento a las resoluciones de la AVAF y se han adoptado nuevas políticas de prevención de la corrupción en la contratación, promoción y validación de facturas?
Respecto al acuerdo de prórroga del contrato con EGEVASA, ¿cuál es el fundamento jurídico que justifica la inadmisión de la solicitud de revisión de oficio presentada por la competencia (AQLARA)?
¿Cómo explica e interpreta la Comisión el equilibrio entre la legalidad de los actos administrativos y el principio de seguridad jurídica y confianza legítima de los terceros, invocados en el acuerdo plenario?
¿Se han valorado los riesgos de indemnización derivados de la nulidad potencial de la prórroga y la repercusión sobre el coste del servicio público?
¿Ha consultado el Ayuntamiento al Consejo Jurídico Consultivo o al jurídico autonómico en relación a la revisión de estos contratos y prórrogas?
¿Qué iniciativas se han lanzado para que el Ayuntamiento se persone como perjudicado en los procedimientos penales que puedan haber causado daño patrimonial, conforme al artículo 78.3 de la LBRL?
¿Hay documento público que justifique la no apertura de expedientes ante la existencia de indicios documentados de delitos económicos, falsedad documental o blanqueo de capitales?
¿Cuáles son los plazos y criterios objetivos que se siguen para dar respuesta a los requerimientos y solicitudes de la ciudadanía que afectan a la legalidad y transparencia municipal?
¿Qué garantías ofrece el Ayuntamiento para que no se vulneren los principios de buena administración, equidad, buena fe y confianza legítima, especialmente en casos de conflictividad interna o denuncias ciudadanas?
¿Se ha valorado por el Ayuntamiento el coste de todos los importes que puede tener que abonar a los perjudicados por acciones ilegales tales como daños y perjuicios materiales y morales, honorarios de profesionales, intereses, indemnizaciones, peritaciones y restitución de importes indebidamente satisfechos con dinero del Ayuntamiento?
Elnuevo portavoz de la Plataforma ha manifestado que “lo que más nosduele en realidad es que se esté ensuciando de esa manera el nombrede Canet d'En Berenguer y la imagen de la localidad y de sus vecinos. Afortunadamentela Fiscalía de Valencia, los juzgados de Instrucción y la AgenciaValenciana Antifraude, entre otros organismos públicos, sigueninvestigando todos estos casos de corrupción y aunque lentamenteesperaremos a que la justicia se pronuncie'', señala el portavoz dela Plataforma.