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Nuevo paso en la investigación sobre el polémico semáforo "foto-rojo" que funcionó en la avenida Joanot Martorell de Canet d'en Berenguer. El Tribunal de Cuentas ha abierto una pieza de diligencias preliminares a raíz de las presuntas irregularidades trasladadas por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) sobre el contrato menor utilizado para gestionar las evidencias de las infracciones de tráfico.
El procedimiento supone un avance respecto a la resolución de Antifraude conocida este verano, que proponía trasladar las actuaciones al Tribunal de Cuentas ante la posibilidad de que se hubieran producido responsabilidades contables. No significa, por el momento, que se haya determinado la existencia de responsabilidad ni de un perjuicio económico concreto para las arcas municipales.
Según la documentación a la que ha tenido acceso El Periódico de Aquí, la diligencia preliminar C134/2026, correspondiente al sector público local y al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, llegó al Departamento 3º de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas el pasado 16 de septiembre. Tiene su origen en un oficio remitido por Antifraude dos días antes con la resolución aprobada por su director el 31 de julio. tribunal de cuentas
El Tribunal abre una pieza de diligencias preliminares
Tras analizar la documentación remitida por la AVAF, el Tribunal de Cuentas ha acordado "abrir la correspondiente pieza de diligencias preliminares" relacionada con el expediente municipal 3372/2024, correspondiente al contrato menor denominado "aportación de evidencias en infracciones de tráfico en nuevo semáforo de Avenida Joanot Martorell". tribunal de cuentas
El Tribunal también ha acordado remitir una copia de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al representante legal del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer. Ambas partes disponen de un plazo común de cinco días para formular alegaciones sobre dos posibles caminos: el nombramiento de un delegado instructor para continuar con las actuaciones previstas en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas o, por el contrario, el archivo del procedimiento. tribunal de cuentas
Por tanto, la apertura de estas diligencias constituye una fase preliminar. Será a partir de ahora cuando se determine si existen elementos suficientes para continuar investigando una eventual responsabilidad contable.
La diligencia fue firmada electrónicamente el 23 de septiembre de 2026 por el letrado secretario del Departamento 3º de Enjuiciamiento, Guillermo Rodríguez-Villasante González. También se ordena comunicar la resolución a la Agencia Valenciana Antifraude. tribunal de cuentas
Antifraude puso el foco en posibles pérdidas económicas
El origen del procedimiento está en la investigación desarrollada por Antifraude sobre la contratación y posterior gestión del "foto-rojo". Como publicó este periódico, la AVAF decidió trasladar el asunto al Tribunal de Cuentas al considerar que podría haberse producido una pérdida de derechos económicos municipales por la falta de tramitación o la prescripción de determinados expedientes sancionadores.
Antifraude también planteó la posibilidad de que se hubieran generado obligaciones económicas superiores a los límites propios del contrato menor utilizado por el Ayuntamiento. Paralelamente, acordó trasladar las actuaciones al Ministerio Fiscal para que analizara, dentro de sus competencias, la posible existencia de responsabilidades penales.
La investigación tuvo su origen en las denuncias presentadas por representantes de Vox en Canet d'en Berenguer y Sagunt y terminó además con una batería de recomendaciones al consistorio para revisar sus procedimientos de contratación, reforzar la trazabilidad de las multas y completar la liquidación definitiva del contrato.
"El objetivo no era el de sancionar, sino que la gente redujera la velocidad para evitar molestias a los vecinos", según el gobierno local
El gobierno municipal mantiene la posición trasladada anteriormente a El Periódico de Aquí: defiende que la gestión del servicio respetó la legalidad y muestra su respeto por las actuaciones de Antifraude, Fiscalía y Tribunal de Cuentas.
Fuentes municipales han insistido en que el objetivo del semáforo "foto-rojo" "no era el de sancionar", sino conseguir que los conductores redujeran la velocidad en la avenida Joanot Martorell ante las quejas vecinales por el ruido. El dispositivo estaba anunciado mediante tres señales previas, pero, según el Ayuntamiento, el número de infractores terminó siendo muy superior al inicialmente previsto.
Precisamente porque se esperaba un volumen reducido de sanciones, el consistorio recurrió a un contrato menor, con un límite de 18.150 euros, IVA incluido, para la empresa adjudicataria. Según la versión municipal, aunque la cantidad que habría correspondido a la concesionaria por todas las sanciones ascendía a 19.125,47 euros, el Ayuntamiento únicamente abonará el límite legal previsto en el contrato.
El consistorio también sostiene que la retirada anticipada del dispositivo respondió a que se había conseguido reducir la velocidad y a un acuerdo con los vecinos para buscar otros mecanismos contra el ruido. De ahí que mostrara su "perplejidad" ante la posibilidad apuntada por Antifraude de que pudiera existir una pérdida de ingresos públicos por no haber tramitado más sanciones, ya que mantiene que el sistema nunca tuvo una finalidad recaudatoria.
Ahora será el Tribunal de Cuentas el que deberá decidir, una vez escuchadas las partes, si las actuaciones avanzan con el nombramiento de un delegado instructor o si procede su archivo.