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Los recibos del Pla de Barris han abierto el debate sobre quién debe asumir el coste de los impagos. El grupo municipal Vox ha denunciado que el Ayuntamiento "ha comenzado a girar las cartas de pago correspondientes a las obras de rehabilitación sin haber puesto en marcha el sistema aprobado por el pleno para evitar que las comunidades de propietarios tengan que adelantar el dinero de los vecinos morosos". El gobierno municipal, por su parte, sostiene que ese procedimiento "todavía no debe aplicarse, ya que el periodo de pago continúa abierto y solo entrará en funcionamiento si finalmente se producen impagos".
Según explica la formación, las liquidaciones "se están emitiendo a nombre de las comunidades de propietarios por el importe íntegro", pese a que el pleno aprobó una propuesta para articular un mecanismo que permitiera trasladar al Ayuntamiento la reclamación de las cantidades pendientes a los propietarios incumplidores.
Vox sostiene que esta situación "obliga nuevamente a las comunidades a utilizar sus propios fondos para hacer frente a la totalidad de los recibos o, en caso contrario, asumir posibles intereses de demora y perjuicios económicos derivados de los impagos".
Vox reclama que se ejecute el acuerdo plenario
La formación recuerda que la solución aprobada surgió a raíz de una autoenmienda presentada por Vox, cuyo objetivo era impedir que los propietarios que sí cumplen con sus obligaciones tuvieran que financiar temporalmente a quienes no pagan.
El concejal José Tomás Serrano Fenollosa considera que el Ayuntamiento está actuando "como si aquella votación no hubiera existido" y sostiene que un acuerdo plenario debe traducirse en medidas efectivas. En este sentido, afirma que la propuesta no pretendía condonar ninguna deuda, sino establecer un procedimiento para que el Consistorio pudiera reclamar directamente a los propietarios morosos sin perjudicar al resto de vecinos.
Asimismo, Vox insiste en que las comunidades "no deberían verse obligadas a recurrir a sus fondos de reserva ni dejar de atender otros gastos ordinarios del edificio para cubrir cantidades que corresponden a propietarios concretos".
Ante esta situación, el grupo municipal reclama al equipo de gobierno que formalice la adenda prevista para poner en marcha el nuevo sistema de pago y comunique a las comunidades cómo se gestionarán los impagos individuales.
Además, solicita que se suspendan los efectos perjudiciales de los recibos ya emitidos mientras no se implante el mecanismo aprobado, de manera que las comunidades y los propietarios que sí cumplen con sus obligaciones no tengan que asumir intereses, recargos ni anticipos económicos derivados de la morosidad de otros vecinos.
Para Vox, los residentes del barrio necesitan que el acuerdo aprobado por el pleno "se ejecute" y que la solución comprometida por el Ayuntamiento se materialice cuanto antes.
El Ayuntamiento: "Todavía estamos en periodo voluntario"
Frente a estas críticas, fuentes municipales explican que el procedimiento aprobado por el pleno está previsto para los casos en los que se produzcan impagos, una situación que, recalcan, todavía no se ha dado.
Desde el Consistorio recuerdan que las cartas de pago se encuentran actualmente en periodo voluntario hasta finales de agosto y será una vez concluido ese plazo cuando se estudien las posibles incidencias y se determine la aplicación del mecanismo acordado.
Asimismo, el gobierno municipal señala que comparte el fondo de la solución aprobada por el pleno, aunque subraya que su aplicación depende de criterios técnicos y jurídicos de los servicios municipales, al tratarse de una cuestión vinculada al procedimiento de recaudación.
El Consistorio garantiza que las comunidades no asumirán los impagos
El Ayuntamiento insiste en que, desde el inicio de este proceso, ha considerado justa la reclamación planteada por las comunidades de propietarios y asegura que está garantizado que no tendrán que hacerse cargo de las cantidades que dejen de abonar los propietarios morosos.
Mientras tanto, Vox reclama que se formalice cuanto antes el sistema aprobado por el pleno y que se informe a las comunidades sobre el procedimiento que se seguirá en caso de impagos, al considerar que la seguridad jurídica de los propietarios debe quedar garantizada desde el inicio del proceso.