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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al juez Ismael Moreno que anule el registro de su casa en Valencia, practicado el 5 de noviembre. Ábalos, en prisión por la parte ya juzgada del caso Koldo, considera que se vulneraron sus derechos, entre otras cosas, porque no estuvo presente durante la diligencia.
Según el incidente de nulidad presentado ante la Audiencia Nacional, su abogado, Marino Turiel, defiende que el registro vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a un proceso con todas las garantías y el derecho de defensa. Además, lo considera falto de motivación y de proporcionalidad.
El exministro recalca que no se le notificó el auto que abrió una pieza separada. En el registro sí estuvo su pareja, Andrea de la Torre, que fue detenida y puesta en libertad como investigada.
Los dispositivos electrónicos
Durante el registro se incautaron once dispositivos electrónicos, según su abogado, “sin identificar a su titular”. Entre ellos hay un ordenador del dormitorio de un menor, que Ábalos subraya que es “ajeno por completo a la investigación”. Pide devolverlo a su dueño.
Su letrado solicita también que se anule la incautación de los dispositivos y que, de forma cautelar, los agentes de la UCO no puedan analizar ni volcar su contenido, al menos hasta que el juez responda al incidente. Si finalmente se hace el volcado, pide que se le cite y que se realice en presencia de un letrado de la administración de Justicia.
La situación de Andrea de la Torre
La defensa reprocha que en el registro solo estuviera presente De la Torre, detenida como autora de un presunto blanqueo por fondos que supuestamente habría recibido y cuyo destinatario sería Ábalos. Sostiene que no estuvo asistida por abogado mientras se practicaba.
Según su abogado, en la vivienda estaba “una investigada cuyos intereses defensivos pueden ser contrapuestos” a los de Ábalos. El letrado renunció a ser también el abogado de la pareja del exministro.
Según el relato de la defensa, cuando De la Torre aún no tenía abogado, los agentes le pidieron las claves de sus cuentas. Ella se negó, pero el escrito sostiene que la sola petición supone una vulneración del derecho a no declarar y a la asistencia letrada.
Un local sin autorización judicial
Los agentes de la Guardia Civil también entraron en un local de la planta baja de la vivienda. Según Ábalos, lo hicieron sin autorización judicial y, por tanto, sin cobertura legal. Por eso pide que se anulen también los efectos intervenidos.
El letrado tampoco ve motivación suficiente para el registro, porque el mismo domicilio ya se registró en junio de 2025 y Ábalos lleva casi un año en prisión. Según el escrito, “debe constar qué razón concreta permitía esperar hallar en noviembre de 2026, en esa vivienda, elementos relativos a hechos de 2023 y 2024”.
Ábalos, en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo, sigue investigado por el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. En concreto, lo está en la pieza que analiza posibles mordidas en contratos públicos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes.