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Rudolf lleva viviendo en la Malvarrosa desde 2008. Allí ha construido su vida junto a su mujer, sus dos hijos, de 16 y 6 años, y su madre. Sin embargo, la enfermedad de esta última y las dificultades económicas que llegaron después han puesto a toda la familia al borde de perder su casa. El desahucio previsto para este jueves finalmente se ha aplazado hasta el próximo martes 10 de noviembre, a las 9 horas.
La noticia ha llegado después de una mañana de tensión en la vivienda. Una treintena de personas se ha concentrado a las puertas del domicilio para intentar evitar que la familia tuviera que abandonarlo. La movilización ha conseguido, al menos por ahora, ganarles unos días más.
Detrás de esta situación hay una historia familiar marcada por los problemas de salud. Según ha explicado a EFE Esteban Arellano, portavoz del Sindicat d'Habitatge de Valencia, Rudolf era el único que trabajaba en casa, pero tuvo que dejar su empleo cuando su madre comenzó a atravesar una etapa especialmente delicada, con ingresos hospitalarios y necesidad de cuidados constantes. Sin esos ingresos, la familia dejó de poder afrontar el alquiler.
La solución planteada hasta ahora por la propiedad, según denuncia el sindicato, ha sido renovar el contrato con una renta más elevada. Se trata de un particular que, según Arellano, dispone de otras tres viviendas.
No es la primera vez que la familia consigue frenar el desalojo. El pasado 28 de octubre ya se paralizó el procedimiento, que ahora vuelve a quedar aplazado. El sindicato reclama que se aplique el real decreto ley vigente para proteger a las familias vulnerables sin alternativa habitacional y denuncia que el juez ha rechazado los dos informes de Servicios Sociales que acreditan la situación de la familia.
"Estamos intentando que se aplique el decreto ley en vigor que obliga a las administraciones a no ejecutar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional", ha lamentado Arellano. La prioridad, insiste, es encontrar una solución que no ponga en riesgo la salud de la madre y permita a los dos menores continuar con su vida con normalidad.
Rudolf tampoco entiende que la documentación presentada no haya sido suficiente. "Al juez le da igual los papeles", ha asegurado a EFE. El hombre pide que se conozca de cerca la realidad que hay detrás del expediente judicial: "Me gustaría que viniera el juez y viera lo que tiene delante y cómo sale una familia de casa, que nos miremos a los ojos".
Aunque reconoce el trabajo de su abogado, considera que no se ha tenido en cuenta la gravedad de su situación. "Seguro que ha hecho más de lo que se podía hacer, pero el juez, aunque tiene dos informes de vulnerabilidad y estoy en una situación crítica, no ha querido dar más tiempo", ha explicado.
Después de 18 años en el barrio, Rudolf también quiere dejar claro que no se trata de alguien que haya ocupado una vivienda para destrozarla. "No soy un ocupa que entra y destroza, soy un buen inquilino al que las circunstancias de la vida le han hecho estar así", ha defendido.
Ahora, la familia vuelve a mirar al calendario. El próximo martes tiene una nueva fecha marcada para un desahucio que, de momento, solo ha conseguido aplazarse unos días.