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La Fiscalía ha rebajado de cinco años a dos años y seis meses su petición de prisión para los once activistas de Greenpeace juzgados por bloquear en 2021 la entrada de un buque cargado de gas en el puerto de Port de Sagunt. El propio Ministerio Público ha admitido "un error" al aplicar un Código Penal que todavía no estaba en vigor cuando ocurrieron los hechos.
La Fiscalía ha reconocido la equivocación en su escrito de acusación: la petición inicial de cinco años se apoyaba en la Ley Orgánica 14/2022, que entró en vigor el 12 de enero de 2023 —dos años después de la protesta— y que endureció el delito de desórdenes públicos con un nuevo tipo agravado. Tras rectificar, el Ministerio Público pide ahora dos años y seis meses conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos.
Así fue la protesta
Los hechos se remontan al 26 de octubre de 2021, cuando el barco Esperanza de Greenpeace bloqueó la entrada del buque Merchant, procedente de Estados Unidos y con 138.000 metros cúbicos de gas licuado a bordo. Cuatro lanchas neumáticas pintan la frase "NO + GAS" en el casco del gasero, mientras un activista se encarama al ancla para ejercer resistencia. La protesta retrasa más de doce horas la entrada del Merchant al puerto.
La Fiscalía admite que no hubo violencia, pero sostiene que quedó acreditado un delito de desórdenes públicos porque los activistas actuaron "en un grupo coordinado" y porque la acción se desarrolló en un puerto, un espacio que presta servicios esenciales. Los acusados defienden que se trató de una protesta pacífica y sin intención de causar perjuicio, con el único objetivo de "llamar la atención de los gobiernos" sobre la emergencia climática.
Protesta sin daños, según los testigos
Seis agentes de la Guardia Civil, representantes de la naviera Marítima del Mediterráneo y de la planta de regasificación de Saggas, además de un fotoperiodista y un operador de cámara, coinciden en que la actitud de los activistas fue "pasiva y no violenta", pese a que la maniobra fue calificada de "frenética y temeraria" y los encausados no atendieron los requerimientos de los agentes. Los testigos descartan que se produjera ningún daño real, aunque el representante de Saggas reconoce que el retraso supuso "un incremento del riesgo".
Durante el juicio también se aborda la reclamación económica de Marítima del Mediterráneo, que exige el pago de los gastos de remolcadores, prácticos y amarradores, cifrados en cerca de 39.500 euros.
Preocupación por la futura legislación
A la salida del juzgado, la abogada de Greenpeace, Inés Díez, valora que la Fiscalía haya reconocido "su error", ya que la ley aplicada inicialmente corresponde a una reforma "que tiene una penalidad mayor" y que no existía cuando se cometieron los hechos. Sin embargo, advierte de que la organización afrontará en el futuro un riesgo mayor, ya que las protestas similares sí podrán encajar en el nuevo delito de desórdenes públicos "con mucha más facilidad" y con penas de hasta cinco años.
La defensa solicita la absolución de los once activistas al considerar que no se llegó a alterar la paz pública de forma "penalmente relevante" y recuerda que la organización ya pagó una multa administrativa de 160.000 euros por los mismos hechos. El tribunal aún no ha dictado sentencia.