El Tribunal de Instancia de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la concejala de Vox en el Ayuntamiento Cecilia Herrero por un presunto delito de odio relacionado con la difusión de mensajes contra personas migrantes, colectivos LGTBI y personas con discapacidad a través de redes sociales.
La resolución, notificada este miércoles a las partes y dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), considera que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento y señala a la Audiencia Provincial de Valencia como órgano competente para el enjuiciamiento de la causa.
El magistrado instructor, titular de la plaza número 15 de la Sección de Instrucción, ha emplazado a la edil para que comparezca en el plazo de tres días con abogado y procurador. Una vez cumplido este trámite, dispondrá de diez días para presentar su escrito de defensa.
Petición de cárcel e inhabilitación
La Fiscalía Provincial de Valencia solicita para Herrero una pena de tres años de prisión y una multa de doce meses con cuota diaria de 20 euros por la supuesta difusión reiterada de mensajes de odio entre 2020 y 2024 en Twitter, actualmente denominada X. De manera subsidiaria, el ministerio público plantea una petición alternativa de un año y dos meses de cárcel y una multa de ocho meses.
En ambos casos, la Fiscalía reclama además la inhabilitación para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena.
El instructor atribuye provisionalmente a la concejala un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, tipificado en el artículo 510 del Código Penal. El auto recoge tanto la modalidad agravada prevista en los apartados 510.1 a), 510.3, 510.5 y 510.6, como una calificación alternativa menos grave contemplada en el artículo 510.2.
Mensajes “masivos e indiscriminados”
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Compromís en abril de 2024, a la que posteriormente se sumó el PSPV con la aportación de nuevos mensajes. Según sostiene la Fiscalía, Herrero utilizó de forma continuada varias cuentas abiertas al público y con miles de seguidores para “propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión” hacia distintos colectivos protegidos.
Las acusaciones consideran que los mensajes fueron difundidos de manera “masiva e indiscriminada” y estaban dirigidos especialmente contra personas migrantes de origen magrebí o musulmán, así como contra integrantes del colectivo LGTBI, personas racializadas y personas con discapacidad.
Entre las publicaciones incorporadas a la causa figuran respuestas a noticias y comentarios en redes sociales en las que, según la Fiscalía, se empleaban expresiones despectivas hacia personas migrantes, se reclamaba su expulsión del país y se cuestionaba la identidad de menores extranjeros no acompañados. También se incluyen comentarios considerados vejatorios hacia personas LGTBI y personas con discapacidad.