Añadir El Periodico de Aquí como fuente preferida de Google de forma gratuita.
La finalización de la investigación del denominado caso Azud ha permitido conocer la dimensión real de esta extensa red de corrupción institucional y empresarial. La jueza instructora ha fijado en 38 el número total de personas procesadas, delimitando las presuntas responsabilidades, el reparto de funciones y la amalgama de delitos imputados, entre los que destacan el cohecho, la prevaricación, el tráfico de influencias, la falsedad documental y el blanqueo de capitales.
El núcleo político y el entorno familiar
En el centro del entramado, la resolución judicial sitúa al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, al que considera el "conseguidor principal" por canalizar presuntamente comisiones de empresas a través de su despacho mediante el cobro de servicios jurídicos ficticios. Junto a él, sus tres hijas, María José, María Rita y María Asunción Corbín Barberá, figuran investigadas por blanqueo de capitales al haberse beneficiado supuestamente de estos fondos de origen ilícito para la compra de inmuebles.
En la vertiente municipal, el auto señala como "cerebro político" al exvicealcalde Alfonso Grau, a quien atribuye el control de departamentos, el amaño de concursos y el cobro en metálico de al menos 1,2 millones de euros en una de las operaciones. Grau habría blanqueado este dinero mediante cuentas en EE. UU. —con la colaboración de sus hijas Sofía y María Ángeles Grau y su yerno Kent Lawrence Baker—, cajas de seguridad y sociedades pantalla.
La ramificación política alcanza también al exconcejal de Urbanismo Jorge Bellver, acusado de modificar el planeamiento urbano a medida de la trama y recibir regalos de lujo; al exportavoz socialista y exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, imputado junto a su esposa María Amelia Quintana por recibir presuntamente 300.000 euros a cambio de no fiscalizar las irregularidades; y a la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú junto al exconcejal Francisco Domenech, procesados por beneficiarse supuestamente del PAI El Espartal a cambio de recalificaciones y la financiación de campañas electorales.
La red empresarial y la generación de efectivo
El eje empresarial de la trama lo encabeza el constructor Jaime María Febrer (Grupo Axis), considerado el "pagador" que pactó las mordidas, diseñó las operaciones urbanísticas e involucró a directivos como Mónica Montoro y Federico Ferrando. Para sostener la red, Febrer contó con la colaboración de Joaquín Pastor Rico y su esposa María Elena Rico, encargados de gestionar sociedades pantalla que generaron más de 5,7 millones de euros en efectivo mediante contratos ficticios para pagar comisiones.
A la lista de empresarios e intermediarios procesados por abonar mordidas o prestar sus sociedades para desviar fondos figuran el letrado Diego Daniel Elum, enlace con Acciona; José Luis Vera, abogado vinculado al PSOE e intermediario ante entes como Acuamed junto a su exdirectivo Joan Navarro; Carlos Turró y Alejandro Serra (Grupo Cleop); Marcelino Alfaro (Grupo Cinal); Vicente Prieto (Grupo Secopsa); Manuel Setien (Acinelav); Salvador Grané; Arturo Javier Seijo; Salvador Sánchez Matamoros; Sergio Faustino Gramaje; la familia Gigante (Francisco Antonio, Francisco José y David Gigante); y Francisco Espinosa.
Funcionarios y técnicos municipales
La instrucción concluye detallando la intervención de diversos empleados públicos sin cuya colaboración no se habrían podido consumar las irregularidades. Entre los técnicos procesados por prevaricación, tráfico de influencias y cohecho figuran los jefes de servicio municipales Juan Carlos Girbes y Juan Bautista Calatayud (Ciclo Integral del Agua), así como las jefas del Servicio de Patrimonio Esmeralda Orero y Carmen Saurí, acusadas de amañar valoraciones técnicas, filtrar información reservada y adaptar los pliegos de las licitaciones a conveniencia de los empresarios investigados.