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La acampada por el derecho a la vivienda, instalada desde hace más de un mes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, podría estar próxima a su desenlace. Eso, siempre que fructifiquen las conversaciones entabladas entre las administraciones y los manifestantes. La inminencia de las celebraciones navideñas ha apremiado a las partes a abordar la continuidad de esta movilización en pleno epicentro de la ciudad, donde las multitudinarias concentraciones previstas para las próximas semanas resultan incompatibles, según los informes municipales, con la permanencia de las tiendas de campaña.
La alcaldesa, María José Catalá, sostiene que ha llegado el momento de poner fin a la protesta. Su principal argumento estriba en razones de seguridad: durante las festividades navideñas, la plaza congrega aglomeraciones que, en determinados momentos, pueden alcanzar dimensiones equiparables a las de una mascletà, una circunstancia que exige preservar espacios suficientes para el tránsito y la eventual evacuación de los asistentes.
El Ayuntamiento trasladó estas inquietudes a la Subdelegación del Gobierno durante una reunión técnica celebrada el lunes. Ambas administraciones convienen en que la acampada no puede perpetuarse en su emplazamiento actual, ni siquiera con una presencia testimonial, aunque se inclinan por encauzar su desmantelamiento mediante el entendimiento con los participantes.
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, se ha mostrado este martes confiado en alcanzar una solución "en los próximos días". Ha querido subrayar, no obstante, que el escollo no reside en la conducta de los manifestantes, cuyo comportamiento ha tildado de "ejemplar".
"No ha habido ningún problema de seguridad ciudadana ni salubridad; no constan denuncias al respecto", ha asegurado Llanes, quien ha puntualizado que la incompatibilidad obedece exclusivamente a los acontecimientos programados en la plaza durante las próximas semanas.
Una retirada que ya ha comenzado
Las conversaciones han comenzado a arrojar sus primeros resultados. Según ha explicado el delegado, tras el encuentro del lunes se constató una reducción sustancial del número de personas acampadas, si bien todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo que permita zanjar la situación.
Catalá, por su parte, esgrime que los participantes han dispuesto de más de un mes para ejercer su derecho a la protesta. Una consideración que Llanes ha querido matizar desde el prisma jurídico, al recordar que el ejercicio del derecho de reunión no está sujeto a un plazo temporal predeterminado.
La incógnita radica ahora en cómo conciliar ese derecho fundamental con los imperativos de seguridad de una plaza que se dispone a acoger a miles de personas durante las celebraciones navideñas. Entretanto, ambas administraciones mantienen abiertos los cauces de interlocución con los manifestantes, con la expectativa de que la retirada pueda materializarse de manera consensuada.