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La celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, llega con una incógnita: la Plaza del Ayuntamiento, escenario de la Procesión Cívica y de la mascletà, está ocupada por la acampada por el derecho a la vivienda. El campamento cumple este miércoles su quinta jornada y sus portavoces aseguran que la protesta será indefinida. Mientras tanto, las administraciones, los partidos y el sector pirotécnico mantienen posturas enfrentadassobre cómo celebrar el día grande de los valencianos.
Cuántos acampados hay en la plaza
Según uno de sus portavoces, Cristian Kilirov, el campamento reúne a más de 500 tiendas y a alrededor de 1.300 personas. Algunas de las tiendas ocupan parte del recorrido de la Procesión Cívica.
La acampada ha surgido de forma espontánea tras la manifestación por la vivienda del sábado, que acabó con altercados ante el Palau de les Arts, donde se celebraba un congreso de inversión inmobiliaria. En su manifiesto, los acampados reclaman topar los precios de los alquileres, contratos asequibles e indefinidos, la paralización de los desahucios y un parque público de vivienda. También llaman a la huelga general.
¿Se van a mover las tiendas?
Los acampados estudian si es viable reorganizar algunas tiendas para facilitar los actos. Kilirov había explicado a EFE Televisión, tras reunirse con la Delegación del Gobierno, que intentaban "moverlo un poco porque no queremos reventar todo el 9 d'Octubre". Después ha reconocido que todavía no está decidido y ha insistido en que no se levantarán hasta conseguir sus reivindicaciones.
La Delegación del Gobierno: "No se dan las circunstancias para levantar" la acampada
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que no se dan las circunstancias para levantar el campamento, salvo que sea por voluntad propia. Defiende que es un derecho de reunión "legítimo y constitucional" y que desalojar por la fuerza a tantas personas "no es asumible" en términos de orden público y convivencia.
Bernabé sostiene que se puede conciliar la bajada de la Senyera y la Procesión Cívica con la protesta. Para ello, ha ofrecido al Ayuntamiento un dispositivo de seguridad coordinado entre Policía Nacional y Policía Local que facilite los actos que no interfieran con el espacio ocupado.
La mascletà es el punto más complicado. Según la delegada, no es compatible con la acampada porque se dispara en el lugar donde está asentado el campamento.
El Ayuntamiento: "O se hace en la plaza o no se puede hacer"
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que ni la mascletà ni ningún otro acto se pueden trasladarporque forman parte de la Procesión Cívica, un Bien de Interés Cultural. "O se hace en la plaza del Ayuntamiento o no se puede hacer", ha afirmado.
Catalá ha recordado que el castillo de fuegos artificiales del domingo 11 de octubre, con más de 100 kilos de pólvora, solo se puede desplazar con una autorización solicitada con más de 30 días de antelación, algo que no va a ocurrir.
La alcaldesa espera la respuesta por escrito de Bernabé a su requerimiento y decidirá en función de ella. Ha pedido "empatía" y "un esfuerzo" para celebrar todos los actos y ha defendido que "los derechos de unos no pueden pisotear o alterar los derechos de los otros". Según Catalá, uno de los objetivos de los acampados, la huelga general del 11 de noviembre, "ya se ha alcanzado".
El Consell pide "sentido común"
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha defendido que el 9 d'Octubre es una fiesta "de todos, por encima de las distintas ideas". Ha pedido "sentido común" para que los actos se celebren "con normalidad" y ha instado a la Delegación del Gobierno a que "extreme el control".
Barrachina sostiene que la seguridad ciudadana es competencia exclusiva de la Delegación del Gobierno y considera que la celebración es "una responsabilidad directa de Pilar Bernabé y de Pedro Sánchez". Preguntado por las convocatorias de grupos ultras en redes sociales, ha dicho desconocerlas y ha deseado que no haya "ningún incidente por parte de ningún extremo".
La pirotecnia advierte de reclamaciones judiciales
El sector pirotécnico ha exigido a la Delegación del Gobierno que ponga "todos los medios" para garantizar la seguridad de la mascletà. En un comunicado, sus asociaciones reclaman la "restitución inmediata del uso público" de la plaza y advierten de que pueden derivarse responsabilidades penales y patrimoniales para los responsables políticos.
Según el sector, trasladar o modificar los espectáculos a última hora es "inviable legal y técnicamente". Explica que los disparos en el centro de la ciudad están sujetos a una normativa estatal que exige perímetros de seguridad, planes de emergencia y meses de preparación.
Las asociaciones señalan además que la ocupación pone en jaque el 20th International Symposium on Fireworks, que se celebra del 11 al 16 de octubre en la plaza, y anuncian que reclamarán por vía judicial los daños económicos si los espectáculos se suspenden, se retrasan o se modifican.
La amenaza de la ultraderecha, otro foco de tensión
La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha exigido a Bernabé que garantice la seguridad de los acampados frente a los "grupos neonazis y de extrema derecha" que, según denuncia, se concentran cada año en la Procesión Cívica. Ha asegurado que la comitiva de su formación, la mayor de las que participan, es "el objetivo de los fascistas".
Robles también ha criticado a Catalá por lo que considera "una contradicción": a su juicio, a la alcaldesa le parece normal la presencia de esos grupos, pero intolerable que cientos de personas se manifiesten por una vivienda digna.
Según el portavoz de la acampada, la Delegación del Gobierno les ha prometido un cordón policial para este jueves por la tarde, cuando está prevista una manifestación de un grupo de ultraderecha denominado Núcleo Nacional. Bernabé asegura que la Policía Nacional tiene presencia permanente en la plaza y que la seguridad de las personas acampadas está "completamente garantizada".
Qué falta por saber
De momento, no hay una decisión definitiva sobre cómo se celebrará el 9 d'Octubre. Quedan por aclarar si los acampados mueven sus tiendas, qué responde Bernabé por escrito al requerimiento de Catalá y si se encuentra una fórmula para la mascletà, que según la Delegación del Gobierno no es compatible con el campamento y según el Ayuntamiento no puede cambiar de lugar.