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Este viernes se cumplen veinte años del accidente de metro de Valencia de 2006, una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia reciente de España. El siniestro dejó 43 muertos y 47 heridos, y hubo que esperar hasta 2016 para que Les Corts Valencianes reconocieran que existieron "13 responsables" políticos, y hasta 2020 para que la justicia condenara a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
El convoy de la línea 1 de FGV, con 150 personas a bordo, descarriló a las 13:06 horas del 3 de julio de 2006 cerca de la estación de Jesús, al tomar una curva a 80 kilómetros por hora cuando el límite en ese tramo era la mitad. El tren circulaba sin ningún sistema de frenado automático que corrigiera el exceso de velocidad.
A partir de ahí, la tragedia abrió tres caminos que se prolongarían durante casi dos décadas: uno político, marcado por dos comisiones de investigación con conclusiones opuestas; uno social, sostenido por una asociación de víctimas que reclamó respuestas durante años; y uno judicial, que pasó por varios archivos y reaperturas antes de cerrarse sin juicio, con condenas por conformidad para unos procesados y absoluciones para otros.
Dos comisiones de investigación con conclusiones opuestas
Once días después del accidente —con Francisco Camps al frente de la Generalitat y Rita Barberá en la alcaldía de Valencia— Les Corts abrieron una primera comisión de investigación. Sus conclusiones, cerradas en agosto de 2006 con el respaldo de la mayoría absoluta del PP, calificaron el siniestro de "inevitable e imprevisible", lo atribuyeron exclusivamente al exceso de velocidad, dieron por suficiente la seguridad de la línea y descartaron cualquier responsabilidad política. La oposición de izquierdas rechazó ese relato desde el primer día: sostenía que el accidente pudo evitarse, que la línea 1 tenía carencias de seguridad y que debían depurarse responsabilidades políticas.
El giro de 2015 que cambió la versión oficial
La versión institucional no se movió durante casi una década, hasta que el cambio de gobierno autonómico de 2015 permitió abrir una segunda comisión de investigación. Nueve meses más tarde, y con el voto en contra del PP, esta nueva comisión concluyó que la línea 1 no reunía condiciones de seguridad suficientes y repartió responsabilidades entre 13 personas. Entre ellas figuraban el expresident Francisco Camps, que nunca recibió públicamente a las víctimas, y el exconseller Juan Cotino, al que se atribuyó un intento de "comprar el silencio de las víctimas".
El impacto social del accidente fue inmediato. Al día siguiente, la Catedral de Valencia acogió un funeral por 41 víctimas —dos heridos morirían después— con la presencia de los Reyes, y ese mismo fin de semana el papa Benedicto XVI, de visita en la ciudad por el V Encuentro Mundial de las Familias, rezó en el lugar del siniestro.
La lucha de una asociación que no se rindió
Convencidos de que la versión oficial —exceso de velocidad y responsabilidad exclusiva del maquinista fallecido— no reflejaba toda la verdad, un grupo de familiares fundó la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J). Entre noviembre de 2006 y julio de 2015, la entidad organizó 105 concentraciones, una cada día 3 de mes, con camisetas que llevaban el lema "43 muertos + 47 heridos = 0 responsables".
Durante ese periodo, las víctimas afrontaron el cambio de nombre de la estación donde ocurrió el accidente —recuperado en 2016—y la escasa cobertura de Canal 9, que solo entrevistó a la presidenta de la asociación el mismo día en que la cadena cerró.
El relato social del accidente cambió en 2013, cuando la emisión de un programa de televisión de alcance nacional sobre el caso transformó años de escaso eco mediático en un apoyo social masivo.
El camino judicial: tres archivos, ocho procesados y un recurso pendiente
La vía judicial, instruida en el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, se archivó en dos ocasiones: en 2007, al considerarse extinguida la responsabilidad penal tras la muerte del maquinista, y de nuevo en 2017, después de que la Audiencia de Valencia hubiera ordenado su reapertura tres años antes.
Un recurso de la Fiscalía permitió reabrir la causa por tercera y última vez en 2018. La instructora dirigió el procedimiento abreviado contra ocho exdirectivos de FGV, y el Juzgado de lo Penal 6 señaló el juicio para enero de 2020. Finalmente no hubo vista oral: cuatro procesados se declararon culpables y aceptaron penas de 22 meses de prisión, mientras que los otros cuatro fueron absueltos tras retirarse los cargos en su contra.
Entre los absueltos estaba la exgerente de FGV Marisa Gracia, que en octubre de 2025 obtuvo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el reconocimiento de una indemnización de 99.343 euros, por los perjuicios derivados de haber sido señalada, en el dictamen de la comisión de 2016, como una de las 13 responsables del accidente. Les Corts recurrieron esa sentencia ante el Tribunal Supremo, que en abril admitió a trámite el recurso.
