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El uso del amianto en la industria de la construcción está prohibido en España desde 2002 debido a sus efectos cancerígenos sobre las personas. Dos décadas después, la localización y eliminación del amianto sigue siendo una asignatura pendiente en regiones como la provincia de Valencia.
La falta de recursos técnicos en los municipios más pequeños y la complejidad de inspeccionar edificios privados han provocado que la elaboración del censo obligatorio avance a velocidades distintas dependiendo de la localidad.
Las exigencias de la ley y sus plazos
Para retirar el amianto, primero hay que localizarlo, de ahí que fuese aprobada una ley para que los ayuntamientos lleven a cabo censos municipales del material y diseñen un calendario para su retirada.
La normativa estatal sobre residuos y suelos contaminados (Ley 7/2022) fijó una estrategia basada en plazos temporales específicos en los cuales debían cumplirse el censado:
- Abril de 2023: Marcó el límite para que todos los ayuntamientos completasen e informasen públicamente del censo de instalaciones con amianto —tanto públicas como privadas— junto a un plan de retirada.
- Año 2028: Constituye el plazo definitivo tras retrasos en el primer plazo. Se busca censar el amianto en todos los emplazamientos públicos de mayor riesgo o expuestos a población vulnerable, como colegios, centros sanitarios o instalaciones deportivas.
El procedimiento exige que cada ayuntamiento remita su inventario a las autoridades autonómicas de sanidad, medio ambiente y trabajo, que son los organismos encargados de verificar la retirada definitiva.
Un cumplimiento ralentizado
Los informes del Defensor del Pueblo advierten de un retraso generalizado en todo el país en el cumplimiento del plazo de 2023 establecido por la ley, debido a la falta de medios y a dudas metodológicas.
Para solventar esta brecha, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio para la Transición Ecológica publicaron una guía oficial para orientar a las entidades locales sobre cómo hacerlo y fijaron el nuevo plazo para 2028.
En la provincia de Valencia, los contrastes son evidentes:
- Grandes municipios: El Ayuntamiento de València adjudicó la elaboración de su censo integral por 22.500 euros a la consultora Bureau Veritas para cartografiar la presencia de asbesto en la capital, donde análisis técnicos estiman miles de cubiertas y bajantes afectadas en inmuebles anteriores al año 2000.
- Municipios pequeños: La mayoría de las poblaciones de comarcas como L'Horta, La Ribera o La Costera han dependido del auxilio técnico de la Diputació de València para la identificación mediante fotografías aéreas y tecnología de teledetección.
Cómo debe realizarse el proceso de retirada
Al manipular o romper materiales como el fibrocemento (fabricado con fibras de amianto) se liberan microfibras que, inhaladas, causan enfermedades pulmonares graves como la asbestosis, el mesotelioma, o el cáncer de pulmón. Por ello, la normativa prohíbe que particulares o empresas de reformas convencionales retiren estos materiales.
La ley exige un plan de trabajo aprobado por la Autoridad Laboral, el uso de zonas confinadas, equipos de protección individual (EPI) con filtros P3 y el posterior traslado del residuo en vehículos autorizados hacia un vertedero de residuos peligrosos.
Estas labores solo pueden llevarlas a cabo entidades inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Servicios de mediación especializada como Lomills facilitan a comunidades, particulares y administraciones el contacto directo con profesionales certificados en la Retirada de Amianto en Valencia, garantizando un proceso legal, seguro y con todas las garantías sanitarias.