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La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha decretado el archivo de las actuaciones abiertas a raíz de las denuncias presentadas por el grupo municipal socialista contra el contrato de asistencia técnica de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Torrent. Tras examinar la documentación del expediente y las conclusiones de la comisión de investigación municipal, el organismo autonómico concluye que no existen indicios objetivos suficientes de fraude, corrupción, conflicto de intereses ni alteración en el procedimiento de adjudicación.
La decisión administrativa cierra la investigación sobre una tramitación que había centrado el debate político local durante la legislatura. El expediente motivó hasta tres denuncias del PSOE y la apertura de una comisión de investigación para examinar la gestión del Gobierno de Amparo Folgado, así como la labor de técnicos y de la empresa adjudicataria, sin que Antifraude haya detectado irregularidades ni actuaciones desviadas por parte de los empleados públicos.
El equipo de gobierno critica la estrategia de la oposición
Tras conocerse la resolución, el Partido Popular ha defendido que el fallo de la Agencia avala de forma clara la legalidad y la transparencia de la gestión municipal.
La portavoz del grupo popular en el consistorio, Sonia Roca, ha criticado duramente la actuación de la oposición señalando que "el PSOE ha vuelto a utilizar el fango como herramienta política: primero acusa, después genera titulares, pone a personas bajo sospecha y finalmente, cuando llega la resolución de un organismo independiente, resulta que no hay fraude". Asimismo, Roca ha instado a los ediles socialistas a rectificar tras el archivo: "Deberían empezar a preguntarse quién de todos ellos va a reparar ahora la honorabilidad de las personas a las que han puesto bajo sospecha".
Acumulación de resoluciones administrativas
Desde el Ejecutivo municipal señalan además que este pronunciamiento coincide con otra reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que también ha archivado la denuncia relativa a la ampliación de cámaras en la Comisaría de la Policía Local sin hallar infracción alguna.
Con este dictamen de la Agencia Antifraude, queda zanjada la vía administrativa sobre el contrato del gabinete de comunicación al no haberse acreditado ninguna manipulación ni irregularidad en la concesión del servicio.