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El desahucio fijado para este miércoles de Daniel González, un investigador de la Universitat de València, en Burjassot ha quedado en suspenso durante un plazo de diez días. La medida fue dictada por la comisión judicial desplazada al domicilio tras las gestiones e interlocución realizadas a las puertas de la finca, donde se habían congregado decenas de personas convocadas por el Sindicat d'Habitatge de València.
Este aplazamiento otorga un margen de tiempo con el objetivo de intentar entablar un diálogo con la entidad propietaria y buscar una salida antes de que se ejecute el desalojo de este inquilino, que habita el inmueble mediante contrato de arrendamiento desde hace 17 años. La situación se desencadenó tras los sucesivos cambios de titularidad del piso, que acabó siendo adjudicado en subasta a un fondo de inversión, entidad que posteriormente inició el proceso en los juzgados para reclamar la posesión de la finca.
Discrepancias procesales y litigio por la opción de compra
El conflicto acumula casi una década de periplo judicial y cuenta con pronunciamientos contrapuestos según la instancia. En fases anteriores del procedimiento, el arrendatario obtuvo dos resoluciones favorables que avalaban tanto la vigencia de su contrato como su derecho a ejercitar una opción de compra pactada en 2013. Sin embargo, las resoluciones más recientes han terminado dando la razón al fondo propietario, desestimando la ejecución de dicha compra y reconociendo una reclamación económica cercana a los 36.000 euros ligada a reajustes en la renta abonada en años anteriores.
Con la suspensión acordada por los funcionarios judiciales, la ejecución permanece congelada a la espera de comprobar si las partes logran alcanzar algún tipo de acuerdo antes de que venza el nuevo plazo establecido.