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Las fuertes lluvias registradas nuevamente en la provincia de Valencia han vuelto a poner el foco sobre la situación de las redes de alcantarillado de los municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024 y sobre la ejecución de las grandes infraestructuras destinadas a reducir el riesgo de futuras inundaciones.
Desde el ámbito autonómico y municipal se reprocha al Gobierno de España haber dejado fundamentalmente en manos de los ayuntamientos la reparación de los sistemas de saneamiento dañados, mediante la transferencia de fondos, en lugar de asumir directamente la contratación y ejecución de buena parte de las obras.
La principal crítica se centra en que, casi dos años después de la catástrofe, el ritmo de ejecución de las actuaciones previstas continúa siendo muy reducido. Según los datos trasladados por la Generalitat, únicamente se habría ejecutado alrededor del 11,25% de las actuaciones previstas en materia de alcantarillado.
El Ejecutivo central movilizó alrededor de 300 millones de euros para estas reparaciones, pero el modelo elegido consistió fundamentalmente en transferir los recursos económicos a unos ayuntamientos que, paralelamente, debían afrontar multitud de expedientes vinculados a la reconstrucción de calles, edificios públicos, instalaciones deportivas, infraestructuras y servicios municipales.
La Generalitat y distintos consistorios afectados cuestionaron desde el principio este mecanismo al considerar que administraciones locales ya desbordadas por las consecuencias de la DANA no disponían de suficiente capacidad administrativa para tramitar simultáneamente semejante volumen de obras.
El Consell reclamó por ello modificaciones en la normativa estatal y una mayor flexibilidad administrativa que permitiera ejecutar determinadas actuaciones como obras de emergencia y acelerar así la recuperación de unas infraestructuras fundamentales ante nuevos episodios de precipitaciones intensas.
El alcantarillado vuelve al centro del debate
El temporal de este miércoles ha devuelto el problema a la actualidad.
Municipios de l'Horta Sud y otras zonas del área metropolitana sufrieron nuevamente inundaciones, acumulaciones de agua y problemas de drenaje después de precipitaciones extraordinariamente intensas.
En Torrent, por ejemplo, durante la tarde llegaron a registrarse 76,2 litros por metro cuadrado cuando Emergencias informó de la evolución del temporal.
La situación vuelve a evidenciar la importancia de recuperar y adaptar unas redes de saneamiento que quedaron gravemente dañadas en 2024 y que en algunos municipios todavía se encuentran pendientes de actuaciones.
La crítica que se dirige al Gobierno central no se centra, por tanto, en la inexistencia de financiación, sino en el sistema elegido para ejecutarla: transferir el dinero y responsabilizar a los municipios de contratar y gestionar las obras.
La Generalitat contrapone la gestión de los residuos
Desde la Generalitat se contrapone este modelo con el utilizado para retirar los millones de toneladas de residuos y enseres generados tras la DANA.
Aunque la retirada de residuos también corresponde ordinariamente al ámbito municipal, la Administración autonómica decidió intervenir directamente y contratar trabajos mediante procedimientos de emergencia.
El argumento del Consell es que aquella fórmula permitió acelerar las actuaciones y descargar a los consistorios de una parte importante de la gestión administrativa.
Sobre esa base, la Generalitat sostiene que el Estado podría haber aplicado un mecanismo similar para determinadas reparaciones de las redes de alcantarillado de los municipios damnificados, en lugar de limitar su intervención principalmente a la financiación de los trabajos.
El Poyo, la gran infraestructura pendiente
El segundo gran frente de discusión son las infraestructuras hidráulicas.
Especialmente significativa es la situación del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento resultó determinante en la catástrofe de octubre de 2024.
La Confederación Hidrográfica del Júcar sí ha realizado desde entonces importantes actuaciones de emergencia para reparar los daños ocasionados por la riada.
En el tramo situado entre Picanya, Paiporta, Massanassa y Catarroja se ejecutó una actuación presupuestada en unos 20 millones de euros, destinada fundamentalmente a reconstruir y reforzar los taludes dañados y mejorar el comportamiento hidráulico del cauce.
También se ejecutaron trabajos en Torrent por aproximadamente 3,8 millones de euros y a lo largo de siete kilómetrosde barranco.
La Confederación anunció en julio que había finalizado las 17 obras de emergencia derivadas de la DANA, con una inversión superior a los 220 millones de euros.
Sin embargo, otra cuestión diferente son las grandes actuaciones estructurales destinadas no simplemente a reparar los daños de 2024, sino a intentar reducir las consecuencias de futuras avenidas.
Y ahí los proyectos continúan todavía pendientes de ejecución.
La Confederación Hidrográfica del Júcar informó el pasado 22 de julio de que trabaja en la redacción de diez proyectospara las cuencas del Poyo, Magro y Pozalet-Saleta, entre ellos zonas de almacenamiento controlado, mejoras de la capacidad hidráulica del Poyo y una vía verde que permita derivar caudales hacia el nuevo cauce del Turia.
Las primeras propuestas deberán estar disponibles este otoño y posteriormente someterse a participación pública antes de determinar las soluciones definitivas.
Es precisamente este calendario el que provoca las críticas: casi dos años después de la DANA, las grandes actuaciones estructurales del Poyo continúan todavía en fase de proyecto.
La Saleta: licitada pero todavía sin ejecutar
La situación del barranco de La Saleta se encuentra algo más avanzada.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado 14 de julio la contratación del tramo principal entre Aldaia y la Vía Verdepor 132,1 millones de euros. El proyecto pretende derivar las crecidas hacia el nuevo cauce del Turia y reducir el riesgo para municipios como Aldaia, Alaquàs y Xirivella.
Posteriormente, el 19 de agosto, la Dirección General del Agua sacó oficialmente las obras a licitación. Las empresas tienen hasta el 22 de septiembre para presentar sus ofertas.
La solución completa superará los 150 millones de euros, al añadirse la conexión bajo la V-30 con el nuevo cauce del Turia y otros contratos asociados.
Por tanto, aunque las obras estructurales todavía no han comenzado físicamente, el proyecto ya ha superado la fase técnica y se encuentra actualmente en proceso de contratación.
Críticas por la baja ejecución de las obras antirriadas
La Generalitat también cuestiona el ritmo general de ejecución de otras actuaciones ordinarias de protección frente a inundaciones que corresponden a la Administración General del Estado.
Desde el Ejecutivo valenciano se cifra en menos del 5% la ejecución de determinadas obras antirriadas ordinarias de competencia estatal, mientras reclama acelerar las inversiones pendientes en las cuencas consideradas de mayor riesgo.
El Gobierno central, por su parte, defiende las actuaciones realizadas desde la DANA y recuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha destinado más de 220 millones a las 17 obras de emergencia y tiene en marcha nuevos proyectos estructurales para las cuencas afectadas.
El debate se encuentra, por tanto, fundamentalmente en los plazos: una cosa son las reparaciones urgentes ya ejecutadas después de la catástrofe y otra las grandes infraestructuras destinadas a evitar o reducir daños en futuros episodios.
Los sistemas de alerta, otra asignatura pendiente
A la polémica de las infraestructuras se suma la reclamación de mejorar los sistemas de alerta temprana en cauces y barrancos.
Casi dos años después de la DANA, desde la Generalitat se reclama al Gobierno central y a la Confederación Hidrográfica del Júcar que aceleren la implantación de mecanismos capaces de aportar información en tiempo real sobre la evolución de los caudales y facilitar una respuesta más rápida de Protección Civil.
El asunto vuelve a cobrar especial relevancia después de lo sucedido este miércoles.
Tras las fuertes precipitaciones, Emergencias activó la preemergencia hidrológica en las cuencas del Magro, Poyo-Saleta, Bajo Túria y Carraixet-Calderona y pidió a los ayuntamientos que activaran sus planes municipales e intensificaran la vigilancia de cauces y puntos conflictivos. Las alertas fueron retiradas durante la madrugada.
Limpieza de cauces y planes de emergencia de las presas
La Generalitat reclama asimismo que el Estado intensifique las actuaciones de conservación y mantenimiento en los cauces cuya gestión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar, especialmente ante la temporada de lluvias.
También pide avanzar en la puesta en funcionamiento efectiva de los sistemas de alerta y en la implantación de los planes de emergencia de las presas, de manera que exista una respuesta suficientemente coordinada ante episodios extremos.
Las competencias hidráulicas se reparten entre distintas administraciones dependiendo de la infraestructura y del tramo afectado, una circunstancia que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de coordinación entre Gobierno, Generalitat, Confederación Hidrográfica y ayuntamientos.
Los municipios reclaman menos burocracia y más rapidez
El fondo de la reivindicación de los municipios afectados vuelve a ser el mismo casi dos años después de la tragedia: disponer de obras ejecutadas, agilidad administrativa y respaldo de las administraciones superiores.
Los ayuntamientos de l'Horta Sud han tenido que afrontar desde octubre de 2024 una reconstrucción de dimensiones extraordinarias y sostienen que no pueden convertirse simultáneamente en los responsables administrativos de todos los proyectos derivados de aquella catástrofe.
Las nuevas lluvias han demostrado además que el calendario meteorológico no espera a los procedimientos administrativos.
Mientras avanzan licitaciones, proyectos y expedientes, cada nuevo temporal devuelve a l'Horta Sud la preocupación por los barrancos, el alcantarillado, los colectores y unas infraestructuras hidráulicas que serán determinantes para afrontar con mayor seguridad futuras lluvias torrenciales.