La lectura de un informe de Intervención sobre la gestióndel Personal en el Ayuntamiento del Puig ha dado paso a la petición deresponsabilidades políticas por parte del principal partido de la oposición, elPP, al equipo de gobierno de la socialista Luisa Salvador. En el citadodocumento legal se alude a una serie de incidencias en materia de Personal,detectadas por el departamento de Intervención, a la hora de reconocer y abonarproductividades, horas extras y gratificaciones a los empleados municipales.Luisa Salvador, alcaldesa, no duda en asegurar que demostrará “lainconsistencia” de cada una de las supuestas irregularidades contenidas en “uninforme incompleto” al faltarle documentación del departamento encargado deesta materia, cuyo titular está de baja.
En concreto, en el informe sedetalla “en un gran número de empleados (laborales y funcionarios) el abono dehoras extraordinarias, gratificaciones y productividades de una formairregular, en ocasiones sinjustificación horaria, en otras ocasiones sin justificación de los informes técnicos preceptivos o en su caso no ajustados a lo que establecela ley”, denuncian en el PP local. La alcaldesa sale al paso de estasacusaciones asegurando que no hay ninguna irregularidad, “algo que podrédemostrar”. Según ha contado, ha habido una serie de circunstancias –motivadas fundamentalmentepor la falta de personal en el departamente que tenía que haber aportado ladocumentación- que han hecho que a Intervención no haya llegado la informacióncompleta que justifica estas incidencias reflejadas en el informe. Salvador haquitado hierro al asunto porque está segura de que todo está correcto y noentiene que el PP “haya aprovechado” este informe para hacer campaña en sucontra “pese a ser conocedores de lo ocurrido”.
Otro asunto que ha motivado las críticas de los populares ha sido elhecho de que, a su entender, “el resultado inmediato tras la publicaciónde dicho informe por parte del actual equipo de gobierno (PSPV-PSOE)ha sido la revocación inmediata de la comisión de servicios de la interventoraen un acto de evidente falta de responsabilidad política, haciendo recaer sobrela interventora la nefasta y negligentegestión del personal por el equipo de gobierno, que sigue sin asumir ningunaresponsabilidad”. Al respecto, Salvador aseguró que no hay relación entre esteinforme y la revocación. Manifestó que la actual interventora está en comisiónde servicios desde hace 6 años y se le acabó el pasado 4 de diciembre. Ladecisión de no renovar esta comisión “es básicamente por un tema de cumplir laley”, indicó la alcaldesa, que aludió a una sentencia reciente contra laDiputació de València, a raíz de un demana del sindicato UGT, por elimpedimento legal de mantener una comisión de servicio durante más de dos años.“La ley lo marca, no se puede prolongar la comisión durante más tiempo y ahorahay que publicar la plaza para que cualquier persona que lo desee puedaconcurrir”, dijo Salvador.