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El Consejo de Ministros ha reconocido este martes a Guillem Agulló como víctima del terrorismo al concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. La distinción, aprobada a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llega 33 años después de que el joven valenciano fuera asesinado en Montanejos (Castellón).
Agulló tenía 18 años cuando recibió una puñalada mortal el 11 de abril de 1993. Estaba de acampada con unos amigos cuando se produjo un enfrentamiento con cinco jóvenes vinculados al grupo neonazi Komando Marchalenes IV Reich, según Interior. Uno de ellos, Pedro Cuevas, confesó haberle asestado la puñalada y fue condenado a 16 años y siete meses de prisión por homicidio. El Tribunal Supremo confirmó la condena. Los tribunales juzgaron el crimen como homicidio y la Gran Cruz constituye un reconocimiento honorífico del Estado.
La familia solicitó el reconocimiento el 4 de noviembre
Los padres de Guillem Agulló solicitaron el pasado 4 de noviembre que su hijo fuera reconocido como víctima del terrorismo de ultraderecha. La familia atribuyó al crimen una motivación política e ideológica vinculada a la militancia antifascista de Agulló y a la ideología de los agresores.
Tras recibir la solicitud, Interior encargó dos informes a la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y a la Cátedra de Estudios sobre Terrorismo y Derechos de sus Víctimas de la Universitat de València.
Dos informes respaldan el reconocimiento
La Fundación enmarca el asesinato en una sucesión de actos violentos de inspiración neonazi cometidos en España entre 1990 y 1995. También señala que el movimiento neonazi valenciano utilizó posteriormente el caso en su propaganda para ensalzar la violencia política, humillar a la víctima e intimidar a la ciudadanía.
Por su parte, la Cátedra de la Universitat de València considera que el crimen puede valorarse hoy como un acto de carácter terrorista. Su informe señala que la redacción vigente del Código Penal permite incluir determinados actos cometidos al margen de una organización terrorista cuando persiguen los fines previstos en la ley.