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El pulso por el local de la primera planta del edificio Clara Campoamor (antiguo Meral) de Alfafar entre la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa y el Ayuntamiento de la localidad no ha llegado, de momento, a buen puerto. Con las negociaciones oficialmente rotas tras la última reunión, el espacio se mantiene bloqueado y condicionado por una orden municipal de desalojo en firme.
Una trinchera frente a los despachos
El Supermercado Solidario se levantó en el barrio del Parque Alcosa de Alfafar en los días más críticos tras la riada de forma espontánea. Desde la Koordinadora recuerdan que "el local se convirtió en una especie de centro de emergencia" tras haber sido abierto por la UME. Con el tiempo, el espacio se consolidó como un economato de apoyo que atiende a unas 300 personas semanales. Desde el colectivo que lo mantiene en pie, se defiende la vigencia del proyecto como un paraguas para las personas en situación precaria: "No es un recurso contra la pobreza extrema, sino que es un recurso de prevención dirigido a ese sector de la población que tiene que sobrevivir por debajo del salario mínimo".
Frente a esta visión de “gestión comunitaria”, el Ayuntamiento de Alfafar se muestra tajante: la actividad se realiza sin licencias, de espaldas a los técnicos municipales y ocupando un inmueble público de forma irregular. El alcalde, Juan Ramón Adsuara, sostiene que la ley obliga a centralizar la ayuda y critica la opacidad de las bases de datos del colectivo: "El colectivo no está dispuesto a colaborar con los asuntos sociales. Por lo tanto, nosotros sabemos si se está atendiendo a vecinos de Alfafar del barrio o no. No sabemos en qué condiciones son atendidos", señala el primer edil.
Los núcleos del conflicto
El punto central del desacuerdo no es solo el espacio físico, sino el control del modelo asistencial en el municipio. Para la alcaldía, la Koordinadora busca un estatus de excepcionalidad que rompe las reglas del juego del tercer sector en la localidad. Adsuara recalca que "ellos no quieren la igualdad con el resto de ONGs", precisando que "no quieren actuar como el resto de servicios como Cruz Roja, Banco de Alimentos, Fundación Educo, Fundación Aculco o Fundación Caló. Quieren seguir estando en un sitio que está okupado, que lo okupan, que no cumple sanidad y que no cumple ninguna normativa". El alcalde zanja la postura municipal afirmando que "si no están dispuestos a cumplir la legalidad, no podemos seguir negociando con ellos".
Por su parte, el colectivo vecinal contraataca argumentando que la ilegalidad formal es una trampa administrativa del propio Consistorio para forzar su salida. "El Súper evidentemente no se da de una forma regularizada porque es el propio Ayuntamiento quien lo desregulariza en la medida que pide el abandono", explican desde la Koordinadora. Según la organización, todas las entidades ubicadas en el Clara Campoamor operan históricamente en una “situación precaria administrativa" que el Ayuntamiento se niega a normalizar, generando un bucle burocrático intencionado.
¿Qué planes hay con el edificio Clara Campoamor?
El acelerador definitivo del desalojo tiene nombre propio: los Centros de Atención a la Emergencia (CAEs). El pleno de Alfafar aprobó por unanimidad una reforma de 15 millones de euros —con el objetivo de captar nueve millones de los fondos de la Unión Europea— para proteger la ciudad ante futuras catástrofes climáticas. El plan de la Agenda Urbana 2030 contempla destinar 6,8 millones de euros a la rehabilitación del edificio Clara Campoamor.
Por un lado, el proyecto técnico contempla un estricto plan de contingencia que convertirá el edificio en un búnker autónomo con capacidad de acogida para los vecinos en caso de inundaciones, incendios urbanos o como refugio climático durante las olas de calor extremo. Por otro lado, para rentabilizar las instalaciones en el día a día, el diseño prevé que las plantas inferiores funcionen de forma ordinaria para acoger una biblioteca municipal y las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), cuyos locales originales quedaron completamente inutilizados por el barro de la dana.
Ante la propuesta de la Koordinadora de mantener el Súper Solidario en el local hasta que las máquinas entren a trabajar en 2027, el Ejecutivo local se ha plantado. Adsuara recalca que el uso de este inmueble no es exclusivo de ningún colectivo, insistiendo en que es un espacio público que debe regularse bajo la legalidad vigente. Pese a la ruptura del diálogo tras la última reunión entre el colectivo vecinal y el Consistorio, parece que a este asunto le quedan algunas páginas más por escribirse.