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El Partido Popular de Torrent ha mostrado su sorpresa ante las críticas del PSOE local a la campaña informativa puesta en marcha por el Ayuntamiento para explicar a la ciudadanía la futura tasa de residuos, una obligación legal derivada de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de España.
Los populares recuerdan que esta normativa obliga a todos los ayuntamientos de España, con independencia del partido que gobierne, a implantar una tasa que cubra el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de residuos, sin que pueda financiarse con los recursos generales del presupuesto municipal.
Mupis informativos con código QR
Con el objetivo de que los vecinos conozcan el motivo de esta nueva obligación, el Ayuntamiento ha instalado mupis informativos en distintos puntos de la ciudad. En ellos se explica que la tasa responde al cumplimiento de la legislación estatal e incorporan un código QR que dirige a la web municipal, donde los ciudadanos pueden consultar preguntas frecuentes, información detallada sobre la normativa y las bonificaciones municipales.
El PP considera "llamativo" que el PSOE critique una campaña cuyo único objetivo es informar sobre una obligación legal que afecta a todos los municipios españoles. Según los populares, la estrategia socialista pretende trasladar la idea de que la tasa responde a una decisión de la alcaldesa, cuando se trata de una normativa que deben aplicar todos los ayuntamientos del país, gobernados por partidos de todos los colores políticos.
La moratoria solicitada tras la dana
El gobierno local recuerda que la alcaldesa, Amparo Folgado, solicitó hasta tres veces por carta y una vez en persona a Pedro Sánchez una moratoria de tres años para los municipios afectados por la dana, sin obtener respuesta, pese a que el propio Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable del PSOE, aprobó pedir esa moratoria al Gobierno.
El ejecutivo municipal contrapone además esta campaña con el uso que, a su juicio, hizo el anterior gobierno socialista del denominado Plan Ficus durante las elecciones municipales de 2023, una iniciativa que, según sostienen los populares, se difundió con fondos públicos en pleno periodo preelectoral.
Para el gobierno de Folgado, informar con transparencia sobre el origen legal de la tasa "no solo es una obligación, sino un ejercicio de responsabilidad institucional", insisten desde el PP, subrayando que el Ayuntamiento se limita a cumplir una ley de obligado cumplimiento para todos los municipios.