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El recurso de la Generalitat al Supremo paraliza la reforma de colegios en l'Horta Nord y l'Horta Sud

La Abogacía del Consell busca anular la delegación de competencias firmada en funciones por el Botànic, mientras Consistorios de las comarcas aluden a la paralización de inversiones en sus centros educativos

Jorge Zaldivar
El CEIP L'Almassil de Mislata es uno de los centros que espera actuaciones.
El CEIP L'Almassil de Mislata es uno de los centros que espera actuaciones. // AYUNTAMIENTO DE MISLATA

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La Abogacía General de la Generalitat ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que respaldaban las delegaciones de competencias del Plan Edificant aprobadas en 2023. La decisión judicial abre una nueva fase en el litigio sobre un paquete de inversiones de 65 millones de euros y prolonga el bloqueo de las obras proyectadas en varios colegios e institutos de las comarcas de l'Horta Nord y l'Horta Sud.

El conflicto legal tiene su origen en las resoluciones firmadas por el anterior Consell del Botànic en julio de 2023, cuando se encontraba en funciones tras los comicios autonómicos. El TSJCV consideró en primera instancia que estas actuaciones formaban parte del despacho ordinario de asuntos, pero la actual Administración autonómica ha decidido elevar el asunto al Alto Tribunal para esclarecer los límites competenciales de un gobierno cesante.

El debate de la Generalitat sobre el alcance institucional

La Generalitat defiende que su actuación responde a la necesidad de obtener una doctrina clara sobre las decisiones que un ejecutivo en funciones puede tomar cuando implican compromisos presupuestarios plurianuales. Según fuentes de la Conselleria de Educación, el objetivo es determinar "dónde empiezan y dónde terminan las competencias de un gobierno que ha cesado" y evaluar hasta qué punto se puede comprometer la capacidad de gestión del equipo entrante.

Desde la administración autonómica destacan que la medida obedece a criterios técnicos y de responsabilidad institucional para velar por el correcto uso de los recursos públicos, al margen de cualquier valoración de índole política.

Burjassot y Albalat dels Sorells

En dos municipios de l’Horta Nord, la decisión procesal ha sido recibida con malestar por parte de los responsables municipales al ver frenadas actuaciones de gran calado.

En Albalat dels Sorells, la resolución afecta directamente a la reforma del CEIP El Castell, valorada en 1,1 millones de euros y cuyas deficiencias se arrastran desde hace años. Su alcalde, Nicolau Claramunt, ha expresado estar "decepcionado, triste e indignado" tras conocer el recurso. Claramunt sostiene que la intervención "ya debería estar ejecutada" tras tener realizados informes técnicos desde 2015, y critica la falta de una vía alternativa por parte del Consell: "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Si consideraban que la decisión anterior no estaba arreglada a ley, podrían haberla anulado y haberla firmado acto seguido con el nuevo conseller".

CEIP El Castell de Albalat dels Sorells.
CEIP El Castell de Albalat dels Sorells. - EPDA

Por su parte, en Burjassot la paralización afecta a proyectos por valor de 2,3 millones de euros, destinados prioritariamente a la ampliación y mejora del CEIP Fernando de los Ríos. Su primer edil, Rafa García, ha mostrado la indignación del Ejecutivo local al señalar que la Generalitat "en vez de ayudar, pone piedras en el camino" y que la vía judicial acaba por "alargar de forma sospechosa y casi indefinida el procedimiento".

Mislata

De igual modo, en la comarca de l'Horta Sud, Mislata se ha pronunciado ante la dilatación de los plazos administrativos. En ella, el Plan Edificant tiene comprometidos 3,3 millones de euros distribuidos en cuatro centros educativos (el CEIP L’Almassil, el CEIP Gregorio Mayans, el IES Molí del Sol y el Centro de Formación de Personas Adultas), el Consistorio considera la situación "inaceptable". Su alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha reprochado que la Administración autonómica opte por acudir a los tribunales: "Debería estar poniendo soluciones encima de la mesa, y menos recursos en los tribunales y más retrasos". Bielsa ha advertido además de que no se quedarán de brazos cruzados: "Mislata no se va a quedar callada mientras se bloquean 3,3 millones que corresponden a nuestra ciudad".

El pronunciamiento final de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo marcará el margen de actuación de las administraciones en periodo de transición y definirá el calendario definitivo de las obras educativas en Mislata, Burjassot y Albalat dels Sorells.

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Jorge Zaldivar
JORGE ZALDIVAR

PERIODISTA

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