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El equipo de gobierno de Torrent propondrá en el próximo Pleno municipal una bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que llevará el tipo de gravamen urbano desde el actual 0,49% hasta el 0,40%, el límite mínimo permitido por la legislación estatal. La medida supondrá una reducción del 18,37% sobre el tipo vigente y busca amortiguar el impacto económico que supondrá para las familias la implantación de la nueva tasa de residuos impuesta por la Ley 7/2022 del Gobierno central.
Esta modificación constituye la tercera rebaja del IBI impulsada por el ejecutivo local durante el presente mandato. A modo de ejemplo, para un inmueble con una base liquidable de 100.000 euros, la cuota íntegra del impuesto pasará de 490 a 400 euros. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha defendido que "ante más presión fiscal impuesta desde fuera, menos IBI desde el Ayuntamiento de Torrent".
Comparación con etapas anteriores
Tras el anuncio oficial del Consistorio, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Sonia Roca, ha querido situar este ajuste en contexto comparativo con la oposición, recordando que el actual gobierno heredó en 2023 un tipo impositivo del 0,5346%. Según Roca, el PSOE mantuvo ese tipo congelado durante sus ocho años de mandato —e incluso llegó al 0,83% en etapas anteriores—, sin aplicar reducciones ni tan siquiera durante la crisis o la pandemia.
Desde las filas populares consideran "contradictorio" que el grupo socialista reclame ahora rebajas fiscales desde la oposición cuando no las aplicó al frente del consistorio. Frente a ello, destacan que el actual ejecutivo ha aplicado un recorrido inverso (0,5246% en 2024, 0,49% en 2025 y la propuesta actual del 0,40%), acumulando un recorte total del 25,2% en lo que va de legislatura.
Respuesta municipal a la ley estatal de residuos
La normativa estatal exige a todos los municipios disponer de una tasa específica, diferenciada y no deficitaria para cubrir el coste real de la recogida de basuras. Ante esta obligación legal, el ejecutivo local ha optado por neutralizar la presión fiscal sobre los vecinos agotando el margen de actuación en el principal tributo de competencia municipal.
"No podemos eliminar una obligación establecida por una ley estatal, pero sí decidir qué hacemos con los impuestos que dependen de este Ayuntamiento. Y nuestra decisión es bajarlos hasta el mínimo legal", ha concluido la corporación municipal.