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La jueza que instruye la causa de la dana considera que existen indicios de que las muertes registradas en la pedanía valenciana de La Torre podrían haberse evitado si la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, hubieran ejercido sus funciones conforme a la normativa de protección civil. Así lo recoge un auto hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que la magistrada cuestiona la gestión de la emergencia y los retrasos en la toma de decisiones.
La instructora señala que los fallecimientos en La Torre, una de las tres pedanías de Valencia con víctimas mortales durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024, constituyen una muestra de las negligencias en la gestión de la emergencia y de la falta y el retraso de los avisos. La dana dejó 17 víctimas mortales en el conjunto del término municipal de Valencia.
En su resolución, la jueza sostiene que la bajada a los garajes, permanecer en las plantas bajas de las viviendas, caminar por la calle o circular en coche se convirtieron en situaciones mortales para algunos vecinos de la pedanía. Entre las víctimas había una pareja, un matrimonio con su hija, personas que regresaban del trabajo y un hombre con movilidad reducida que se encontraba en su domicilio. También se refiere a dos vecinas cuyos cuerpos fueron encontrados en Sedaví.
La jueza cuestiona la actuación de Pradas y Argüeso
El auto pone el foco en el conocimiento de las competencias y las responsabilidades de los cargos que debían gestionar la emergencia. Según la magistrada, cuando Salomé Pradas llegó a la conclusión de que le correspondía asumir la toma de decisiones como mando único en la situación 2 del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones, la actuación ya fue tardía y errónea.
La instructora también cuestiona las explicaciones de Emilio Argüeso, quien afirmó que no tenía por qué acudir al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). La jueza considera que esta afirmación resulta difícil de entender, dado que la convocatoria de este órgano corresponde a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), cuyo director era el propio secretario autonómico.
A juicio de la magistrada, esta explicación podría responder a un intento de justificar su escasa o nula intervención y, por tanto, también habría incidido en el resultado mortal registrado en La Torre.
La resolución recuerda varios elementos que, según la instructora, condicionaron la respuesta a la emergencia: el aviso rojo de la Aemet durante la mañana, la falta de movilización de bomberos forestales para vigilar los cauces, la convocatoria tardía del CECOPI y la ralentización en la toma de decisiones. Todo ello desembocó en el envío del mensaje de alerta Es-Alert a las 20:11 horas, en medio de las vacilaciones y las discusiones jurídicas y lingüísticas que recoge el auto.
El Es-Alert no advertía del peligro de bajar a los garajes
Otro de los aspectos que analiza la jueza es la redacción del mensaje de alerta enviado a la población. La magistrada cuestiona los cambios introducidos durante su elaboración, especialmente la decisión de no incluir una indicación más clara sobre la necesidad de permanecer en casa y evitar situaciones de riesgo.
Según el auto, el mensaje definitivo no advertía del peligro real de bajar a los garajes o permanecer en las plantas bajas de las viviendas. La instructora señala que todavía se desconoce por qué se modificó el borrador número 706, que incluía la instrucción de "permanezcan en sus domicilios".
La jueza considera que, en el caso de La Torre, mantener esa indicación podría haber evitado que algunos vecinos bajaran a los garajes o salieran a la calle. Asimismo, apunta que un mensaje que recomendara subir a las plantas superiores podría haber salvado vidas si se hubiera enviado antes de las 20:57 horas.
La magistrada destaca que en La Torre no estaba lloviendo, por lo que sus habitantes no podían ser conscientes del peligro al que se enfrentaban cuando bajaron a los garajes, permanecieron en las plantas bajas o se desplazaron por las calles de la pedanía.
El Ayuntamiento de Valencia tiene cinco días para aportar información
La resolución también aborda la información que recibieron los responsables de La Torre durante la jornada de la dana. El alcalde pedáneo, Rafael Arnal, declaró el pasado 5 de octubre que no había recibido avisos directamente desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Según su testimonio, fue la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien compartió el aviso rojo de la Aemet en un grupo de WhatsApp.
Ante esta circunstancia, la jueza requiere al Ayuntamiento de Valencia que, en un plazo de cinco días, identifique al funcionario destinado en la pedanía que prestaba servicio el 29 de octubre de 2024 y aporte las comunicaciones trasladadas a la alcaldía pedánea y a su responsable entre las 7:00 y las 21:00 horas.
También solicita al consistorio que remita las comunicaciones que pudieran haber llegado desde organismos públicos como el 112, Emergencias, la Diputación o la Administración central.
Sin embargo, la magistrada rechaza incorporar a la causa el contenido de un grupo de WhatsApp en el que participan la alcaldesa de Valencia y los alcaldes pedáneos. Por otra parte, cita como testigo al alcalde pedáneo de Horno de Alcedo, dada la proximidad de esta localidad con La Torre, quien podrá aportar voluntariamente los mensajes del chat relacionados con la emergencia.