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La titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha abierto una investigación judicial tras la denuncia y las querellas recibidas por la presunta agresión sufrida por una manifestante a manos de un policía nacional. Los hechos se produjeron el pasado 31 de mayo durante una protesta enmarcada en la huelga educativa convocada por el sector docente, según ha confirmado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El vídeo que se hizo viral
La protesta tuvo lugar a las puertas de la Conselleria de Educación, en el barrio valenciano de Campanar, donde se celebraba una reunión entre sindicatos y representantes del departamento autonómico. Los agentes cargaron contra parte de los manifestantes que intentaban cortar la avenida Pío XII, una de las vías principales de la ciudad.
En las imágenes, que se difundieron rápidamente en redes sociales, se observa cómo un agente empuja con fuerza por la espalda a una de las manifestantes, una profesora jubilada de 68 años, provocando su caída al suelo. Varios de los presentes acudieron a auxiliarla mientras reprochaban a los policías la actuación. La mujer sufrió una herida en la barbilla que requirió puntos de sutura y fue atendida en un centro de salud cercano.
La versión del atestado policial
Tras conocerse el incidente, la Policía Nacional inició un expediente disciplinario al agente implicado, después de que la docente presentara la correspondiente denuncia. Sin embargo, el atestado redactado un día después de los hechos concluyó que el agente había empleado «la mínima fuerza reglamentaria» y que su actuación fue adecuada y proporcional. Según ese informe, la caída fue accidental, fruto de una pérdida de equilibrio cuando el policía intentaba retirar a la mujer de la calzada, y añade que la profesora mantuvo una actitud exaltada y alentaba a ocupar la vía.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificó entonces lo ocurrido como inaceptable y se comprometió a depurar responsabilidades, aunque condicionó cualquier decisión interna al resultado de la investigación judicial.
CCOO se persona como acusación popular
El sindicato Comisiones Obreras anunció que se personará como acusación popular en la causa, al considerar que los hechos conocidos a través de los medios eran indicios suficientes de delito. Su Comisión Ejecutiva decidió el 2 de junio presentar una querella contra el agente, que fue tramitada el pasado 12 de junio en el juzgado de guardia y que actualmente está pendiente de admisión.
Con la apertura de esta investigación, el caso queda ahora en el ámbito judicial, que deberá esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si los hechos denunciados tienen relevancia penal. La apertura de diligencias no implica, por el momento, ninguna conclusión sobre lo ocurrido durante la protesta del 31 de mayo.