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El nuevo curso judicial arranca en la Comunitat Valenciana con varios de los principales casos de corrupción de los últimos años todavía pendientes de resolución. Eduardo Zaplana, Alfonso Rus y Mónica Oltra. Tres figuras clave en la historia de la política valenciana que afrontan los próximos meses desde procesales diferentes, mientras macrocausas como el caso Azud avanzan hacia la celebración de sus respectivos juicios.
La posible entrada en prisión del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana se perfila como uno de los asuntos de mayor trascendencia del curso. La Audiencia Provincial de Valencia le impuso 10 años y 5 meses de cárcel por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en el denominado caso Erial, relacionado con la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
La sentencia, dictada hace casi dos años, también estableció para Zaplana multas por más de 25 millones de euros. El expresident fue condenado junto a los empresarios Vicente y José Cotino, su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, y su amigo Joaquín Barceló.
Zaplana permanece en libertad desde noviembre de 2024, cuando la Audiencia Provincial de Valencia acordó no enviarlo a prisión al no apreciar riesgo de fuga. El recurso contra la sentencia se encuentra en el Tribunal Supremo desde marzo de 2025, a la espera de que el alto tribunal se pronuncie.
Rus, pendiente del Supremo por los ‘zombis’ de Imelsa
También aguarda una decisión del Supremo el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, condenado en otra de las grandes causas de corrupción de la Comunitat.
La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia le impuso en noviembre de 2023 cinco años de prisión por una de las piezas del caso Imelsa, la relativa a los denominados trabajadores 'zombis', empleados que cobraban de la empresa pública sin acudir a trabajar.
La condena incluía además el pago, de forma solidaria con otros condenados, de 356.554 euros a Ciegsa, empresa pública de la Generalitat, y otros 57.325 euros a Divalterra, la sociedad de la Diputación sucesora de Imelsa.
En paralelo, otro de los procedimientos que marcarán el calendario judicial de los próximos meses tiene como protagonista a Mónica Oltra. La exvicepresidenta de la Generalitat y candidata de Compromís a la Alcaldía de València deberá afrontar un juicio oral por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por una menor, cometidos por su exmarido.
Oltra, a la espera de fecha para el juicio
La causa llegará finalmente a juicio después de que la Audiencia Provincial de Valencia estimara los recursos de las acusaciones contra el archivo del procedimiento. Tanto la acusación particular como las acusaciones populares ejercidas por Vox y la asociación Gobierna-te recurrieron en dos ocasiones la decisión de archivo.
Oltra se sentará en el banquillo junto a otras doce personas, entre ellas varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad. El procedimiento contempla posibles delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.
La exvicepresidenta afrontará así un proceso al que el juez instructor y la Fiscalía se opusieron, pero que finalmente continuará por decisión de la Audiencia Provincial.
Otro procedimiento que se acerca al juicio es el que afecta a Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, y al empresario castellonense Joan Enric Adell Bover por el supuesto fraude en ayudas destinadas a la promoción del valenciano. La Audiencia de Valencia rechazó el pasado abril los recursos de ambos, por lo que deberán ser juzgados por presuntos delitos de estafa y falsedad. La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat solicitan penas de entre tres y cuatro años de prisión.
El caso Azud encara el final de diez años de investigación
Entre las macrocausas de corrupción, el caso Azud será otro de los grandes protagonistas del curso judicial. La jueza del Juzgado de Instrucción número 13 de València puso fin el pasado jueves a diez años de investigación con el procesamiento de 38 personas.
Entre los procesados figuran varios dirigentes vinculados al PP y al PSPV-PSOE, como el exvicealcalde de València Alfonso Grau, el exconcejal y exdiputado Jorge Bellver, el abogado José Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, y el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de València y exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio.
También están procesados la exalcaldesa de Xixona por el PP Rosa María Verdú, además de funcionarios, empresarios de la construcción y abogados. La causa investiga el supuesto cobro de comisiones ilícitas y regalos de lujo a cambio de gestiones.
El calendario judicial incluye además otras causas. El Tribunal de Instancia de Valencia decretó el pasado mayo la apertura de juicio oral contra la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Cecilia Herrero por un presunto delito de odio. La Fiscalía solicita tres años de prisión por la difusión reiterada de mensajes contra personas migrantes, LGTBI y con discapacidad a través de Twitter, actualmente X, entre 2020 y 2024.
A estas causas se suman las denuncias presentadas por PSPV y Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción por diversos contratos suscritos por el concejal de Vox y exteniente de alcalde de València Juanma Badenas.
En una fase todavía más inicial se encuentra la investigación de Anticorrupción sobre la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados, según la denuncia de Compromís, con procesos de colocación de personal.
En Castellón, por último, permanece pendiente de señalamiento un nuevo juicio contra el expresidente de la Diputación Carlos Fabra y otros nueve acusados, entre ellos el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig, por el origen y la posible ocultación del patrimonio del exdirigente del PP. La investigación se remonta cinco años atrás y parte de las supuestas maniobras de Fabra para ocultar parte de su patrimonio tras ser condenado a cuatro años de prisión y al pago de 1,3 millones de euros por delitos fiscales.