Añadir El Periodico de Aquí como fuente preferida de Google de forma gratuita.
El derecho a una vivienda digna, consagrado en nuestra Constitución, se ha convertido tristemente en una quimera para amplias capas de la sociedad. Jóvenes, familias trabajadoras y hogares con rentas modestas sufren las consecuencias de un mercado inmobiliario desbocado, donde la especulación y el encarecimiento descontrolado de los alquileres ahogan la economía doméstica. En este contexto, la situación de Manises como municipio del área metropolitana de València no es una excepción, sino el reflejo de una urgencia social que exige respuestas firmes y alejadas de cálculos partidistas.
Cabe recordar que recién aprobada la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, en mayo de 2023, se identificó a Manises entre los municipios con alta necesidad habitacional, un proceso que lamentablemente quedó paralizado por el cambio de gobierno autonómico. Tres años perdidos en los que la escalada de precios no ha dado tregua. Los datos actuales no engañan: según la Agencia Tributaria, mientras el alquiler medio habitual ronda los 550 euros, los nuevos contratos se disparan hasta los 705 euros mensuales, generando una brecha insostenible que ahoga el esfuerzo económico de los vecinos.
Ante este panorama, la moción presentada en el Ayuntamiento de Manises por el equipo de gobierno hace unos días supone un soplo de sensatez y un ejercicio de responsabilidad política. No se trata de imponer medidas arbitrarias, sino de activar un riguroso estudio municipal que evalúe con datos objetivos si el municipio cumple los requisitos de la Ley estatal de vivienda para ser declarado zona de mercado residencial tensionado. Esta herramienta legal debe entenderse como un cortafuegos necesario frente al encarecimiento abusivo y así lo expusimos en el Pleno… aunque la oposición votó en contra. ¿Por qué? El PP se limitó a argumentar que Manises no se había adherido al Plan Vive… pero ni falta que hacía, el solar donde se puede construir vivienda pública es de la Generalitat y, a pesar de los anuncios en prensa, la realidad es que no se ha puesto ni una piedra. Vox fue más ignorante y perverso: su portavoz llegó a decir: “[ustedes dice que] hay que intervenir el precio. ¿A coste de quién? ¿A pérdidas de quién? ¿Del constructor? ¿Del propietario, de un banco, del estado…? (…) Nosotros creemos que estamos en un mercado libre. Creemos y esperemos que sigamos así”. Está grabado, habló de pérdidas para constructores y ni una mención a los principales afectados: las familias. Demostró, además, una ignorancia supina respecto a la Constitución española, sobre todo al artículo 128, que no consagra un mercado libre absoluto, sino que define una economía social de mercado en la que se reconoce la iniciativa privada pero se subordina al interés general.
Sin embargo, limitar el debate a la contención de precios sería error estratégico. La solución pasa inexorablemente por una política integral que combine la regulación con el impulso decidido de la oferta pública. Por ello, la elaboración paralela de un Plan Municipal de Vivienda Asequible —que fomente la rehabilitación, movilice viviendas vacías, incremente el parque público y apoye el acceso de los jóvenes— resulta tan imprescindible como el propio estudio de la zona tensionada.
Manises no puede seguir esperando. Es el momento de que las administraciones actúen de la mano, priorizando el bienestar de los vecinos y transformando el derecho a la vivienda en una realidad tangible y no en una mera declaración de intenciones.