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A un juez no se le puede intimidar por hacer su trabajo. Parece una obviedad, pero deja de serlo cuando una magistrada que investigó una causa sensible afirma haberse sentido vigilada y haber recibido información sobre posibles maniobras para desacreditarla o, en sus palabras, «eliminarla». Cuando estas sospechas afectan al ejercicio de la función judicial, la cuestión trasciende a sus protagonistas: está en juego la confianza en las instituciones. Así, la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, declaró ante la Audiencia Nacional en el marco del denominado caso Leire, donde el magistrado Santiago Pedraz la ha admitido como perjudicada en la causa, al menos por posibles calumnias. Según la información publicada, Biedma relató que varios abogados le advirtieron de actuaciones que podrían haber buscado apartarla o desacreditarla y por todo ello, es más que conviene distinguir entre sospechas y hechos probados, ya que no todo lo denunciado está acreditado y la investigación debe esclarecer qué ocurrió, quién intervino y con qué finalidad y, también deben respetarse las decisiones judiciales que descarten diligencias por falta de indicios concretos, ya que defender la independencia judicial exige investigar las posibles presiones y preservar, al mismo tiempo, las garantías procesales.
Además, hay otro dato relevante: la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa y descartó el delito de tráfico de influencias. El alcance de esa resolución debe ceñirse a los hechos juzgados, sin extender responsabilidades a terceros. Pero hay un principio que no admite excepciones: los vínculos familiares o políticos no pueden convertirse en privilegios frente a la ley, ya que investigar no equivale a condenar; tampoco debe confundirse la relevancia pública de una causa con la ausencia de fundamento para investigarla.
Y, por todo eso, las elecciones del 29 de noviembre importan, ya que las urnas no absuelven ni condenan: esa responsabilidad corresponde a los tribunales. Sin embargo, la ciudadanía sí puede exigir a quienes aspiran a gobernar compromisos verificables con la independencia judicial, la transparencia institucional y el rechazo de cualquier injerencia en la labor de jueces y fiscales. Y otro dato a tener en cuenta es que las instituciones no pertenecen a quienes las ocupan temporalmente, sino que son estructuras de servicio público que deben funcionar con independencia, rendición de cuentas y respeto a la legalidad, ya que la independencia judicial no se demuestra con discursos solemnes, sino aceptando que los tribunales investiguen incluso cuando sus decisiones incomodan al poder. El 29-N debe servir para exigir una garantía democrática esencial: que nadie esté por encima de la ley y que ningún juez tenga que temer por cumplirla. Sin privilegios, sin presiones y sin impunidad.