La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha provocado este martes un terremoto político y judicial en España. La Audiencia Nacional investiga si alrededor del rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia se articuló una presunta red de tráfico de influencias y cobro de comisiones encabezada por el exlíder socialista.
El juez José Luis Calama considera que existen indicios de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” presuntamente liderada por Zapatero y ha citado al expresidente a declarar como investigado el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
La causa mezcla ayudas públicas, supuestas intermediaciones políticas, sociedades mercantiles, pagos millonarios y hasta una investigación internacional relacionada con fondos procedentes de Venezuela y presuntas operaciones de blanqueo de capitales.
Estas son las claves para entender el caso.
¿Qué es el caso Plus Ultra?
El caso Plus Ultra investiga el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno aprobó en marzo de 2021 para salvar a la aerolínea Plus Ultra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda se concedió con cargo al fondo creado durante la pandemia para apoyar a empresas consideradas estratégicas.
Desde el principio, el rescate estuvo rodeado de polémica por el tamaño de la compañía, sus dificultades económicas previas a la covid y sus vínculos empresariales con Venezuela. La oposición cuestionó entonces que Plus Ultra cumpliera realmente los requisitos para recibir ayudas públicas.
La investigación judicial dio un giro después de que Francia y Suiza alertaran sobre una posible red internacional de blanqueo de capitales vinculada presuntamente al contrabando de oro venezolano y al desvío de fondos públicos procedentes de Venezuela.
A partir de esas investigaciones internacionales, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comenzaron a analizar si parte del dinero del rescate pudo utilizarse de forma irregular y si alrededor de la operación se articuló una red de intermediación política y empresarial para favorecer la aprobación de la ayuda.
¿Por qué se investiga a Zapatero?
El juez José Luis Calama sostiene que la investigación ha permitido detectar una presunta trama organizada de ejercicio ilícito de influencias liderada por Zapatero, que habría utilizado su capacidad de acceso a altos cargos y sus contactos políticos para favorecer decisiones administrativas relacionadas con Plus Ultra y otros clientes.
Según el auto judicial, la red no buscaba únicamente “un trato general o una expectativa indeterminada”, sino decisiones administrativas concretas, entre ellas la aprobación y desembolso de la ayuda pública a la aerolínea.
La Audiencia Nacional considera además que Plus Ultra habría intentado acceder al rescate mediante dos vías de influencia distintas: una relacionada con el entorno del entonces ministro José Luis Ábalos y otra vinculada al expresidente socialista, que según el magistrado fue la que finalmente prosperó.
El juez también apunta a la existencia de un reparto de funciones dentro de la presunta trama. Entre los nombres señalados aparecen el empresario Julio Martínez Martínez —considerado uno de los principales intermediarios—, la secretaria del expresidente y otros colaboradores encargados de gestionar operaciones societarias y movimientos económicos.
¿Qué cantidades investiga la Audiencia Nacional?
La resolución judicial cifra en alrededor de 1,9 millones de euros los presuntos beneficios obtenidos por el entorno investigado.
Según el auto, Zapatero habría percibido más de 1,5 millones de euros, mientras que cerca de 423.000 euros habrían terminado en Whathefav, la agencia vinculada a sus hijas.
La investigación analiza supuestos pagos canalizados mediante contratos de asesoría y consultoría y transferencias vinculadas a distintas sociedades mercantiles relacionadas con el entorno investigado.
La Audiencia Nacional sospecha además que parte de esos movimientos económicos pudieron canalizarse mediante sociedades instrumentales y estructuras financieras internacionales creadas para dificultar el rastreo de fondos.
Entre ellas aparece una sociedad en Dubái cuya constitución coincide temporalmente con contratos relacionados con el rescate de Plus Ultra y que el juez considera relevante para investigar un posible delito de blanqueo de capitales.
¿Qué ocurrió este martes?
Durante la jornada, agentes de la UDEF registraron el despacho profesional de Zapatero en Madrid y varias empresas vinculadas a la investigación. Entre ellas figura la agencia Whathefav, relacionada con sus hijas, además de otras mercantiles investigadas en la causa.
Los agentes abandonaron los registros con diversa documentación y material relacionado con las pesquisas judiciales.
Además, el juez levantó parcialmente el secreto de sumario y citó a declarar como investigado al expresidente el próximo 2 de junio.
¿Qué dice Zapatero?
Tras conocerse su imputación, el expresidente difundió un comunicado en vídeo en el que negó haber realizado cualquier gestión irregular. “Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra”, aseguró.
Zapatero defendió además que toda su actividad privada se ha desarrollado “con absoluto respeto a la legalidad” y afirmó que todos sus ingresos han sido declarados “con absoluta transparencia”.
También anunció que colaborará con la justicia y ejercerá su defensa “con toda firmeza”.
¿Cómo ha reaccionado el PSOE?
La imputación ha provocado una fuerte reacción dentro del PSOE y del Gobierno central.
La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha defendido públicamente al expresidente y ha asegurado que el partido no se dejará “avasallar”.
En la misma línea se ha pronunciado la ministra valenciana Diana Morant, quien ha afirmado que cree “en la Justicia, pero también en Zapatero”.
Desde Moncloa han insistido además en la necesidad de respetar la presunción de inocencia mientras continúa la investigación judicial.
¿Qué dice la oposición?
Desde el PP, Miguel Tellado ha calificado la situación de “extrema gravedad” y ha reclamado explicaciones inmediatas.
Por su parte, Vox ha pedido elecciones anticipadas, mientras que desde Sumar han mostrado sus dudas sobre la decisión judicial.
