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El alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni Chordà (PSPV), ha declarado ante la Guardia Civil en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el ascenso del subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, desde el subgrupo C1 al A1 en el Ayuntamiento de la localidad. Algo de lo que El Periódico de Aquí ha venido informando a lo largo de los últimos meses. Durante su comparecencia, el primer edil aseguró a los investigadores que desconocía la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe este tipo de promociones internas cuando se realizan sin pasar por el subgrupo A2.
Fuentes del gobierno municipal han confirmado a este periódico que el alcalde acudió voluntariamente a prestar declaración y han defendido la legalidad del procedimiento administrativo. Según ha publicado este miércoles el diario Las Provincias, Chordà compareció en calidad de investigado durante las diligencias practicadas por la Guardia Civil por encargo de la Fiscalía Anticorrupción, antes de que el asunto pasara a manos de la justicia.
Durante el interrogatorio, los agentes preguntaron al alcalde por el procedimiento que permitió a Rodríguez Jurado acceder a una plaza del subgrupo A1, la categoría funcionarial más elevada. En concreto, hicieron referencia a una sentencia del Tribunal Supremo sobre las limitaciones para promocionar directamente desde el C1 al A1, sin pasar previamente por el A2. "No tenía conocimiento", respondió el primer edil, según la información publicada por Las Provincias.
Los investigadores también se interesaron por las circunstancias en las que se desarrolló la convocatoria, a la que únicamente se presentó Rodríguez Jurado pese a que otros funcionarios municipales podían concurrir. Sobre esta cuestión, el alcalde recordó durante su declaración que la plaza estaba abierta a otros trabajadores del Ayuntamiento, aunque ninguno de ellos decidió presentarse, según han explicado fuentes municipales a este periódico.
Chordà señaló, además, que fue el secretario del Ayuntamiento quien se encargó de tramitar el procedimiento administrativo, una práctica habitual en el funcionamiento de los consistorios, según el citado rotativo. Los agentes también preguntaron por el carácter excepcional de esta promoción interna y por cuántos procesos similares se habían celebrado desde 2021. Según Las Provincias, el alcalde reconoció que el del actual subdelegado había sido el único.
El Ayuntamiento aporta una resolución de Antifraude y lamenta enterarse del proceso por prensa y no por la vía ordinaria
El gobierno municipal mantiene su respaldo al procedimiento y asegura que durante la comparecencia se entregó documentación que avalaría su legalidad. En concreto, el alcalde aportó una resolución de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), de junio de 2024, que, según las fuentes municipales, reconoce la legalidad de un proceso de promoción per saltum desarrollado en Gandía y que consideran exactamente igual al que se investiga en Canet d'en Berenguer.
Esta documentación forma parte de los argumentos con los que el Consistorio defiende la actuación administrativa que permitió promocionar a Rodríguez Jurado, quien posteriormente fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia.
Además, el gobierno local ha expresado su malestar por la manera en la que está trascendiendo la información relacionada con la investigación. "Está llegando antes por la prensa que por la vía ordinaria, lo que produce cierta indefensión porque no sabemos de qué nos estamos defendiendo", han lamentado fuentes municipales a El Periódico de Aquí.
Pese a esta situación, desde el Ayuntamiento insisten en que la tranquilidad en el Consistorio es "máxima" y se muestran convencidos de que la causa carece de recorrido legal.
Un juzgado de Sagunt investiga el ascenso
El caso tiene su origen en una convocatoria de promoción interna aprobada en 2022, que permitió a Rodríguez Jurado pasar de una plaza administrativa del subgrupo C1 a otra del A1. El procedimiento ha sido objeto de controversia por las dudas sobre su adecuación a la normativa de función pública y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Como ya avanzó El Periódico de Aquí, las presuntas irregularidades llegaron a los juzgados de Sagunt mediante una denuncia penal que planteaba la posible existencia de delitos de prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía Anticorrupción también intervino en el asunto al apreciar posibles indicios delictivos.
La investigación se encuentra actualmente judicializada. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunt es la encargada de instruir las diligencias.
De acuerdo con la información publicada por Las Provincias, el órgano judicial todavía no había acordado nuevas actuaciones al encontrarse examinando la abundante documentación incorporada a la denuncia de la Fiscalía. Entre esta documentación figura la declaración prestada por el alcalde ante la Guardia Civil durante la fase prejudicial.
El procedimiento judicial deberá determinar ahora si la promoción interna se ajustó a la legalidad y si de las actuaciones administrativas se deriva alguna responsabilidad penal. Por el momento, la apertura de diligencias no implica que se hayan acreditado los delitos investigados, mientras el Ayuntamiento insiste en que actuó conforme a derecho y confía en que la causa termine archivándose.