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La huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre en defensa de unos salarios dignos, el acceso a la vivienda y el control de los precios ha recibido el respaldo del pleno municipal de Sagunt. La corporación ha aprobado una moción impulsada por la Plataforma per l'Habitatge que reclama medidas urgentes a las distintas administraciones para hacer frente al encarecimiento de la vida y las dificultades que atraviesan numerosas familias para acceder a un hogar.
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de PSPV-PSOE, Iniciativa Porteña, Compromís y EU-Unides Podem, mientras que PP y Vox han votado en contra. El texto fue presentado durante la sesión plenaria por representantes de los sindicatos convocantes de la movilización.
Más allá del apoyo a la huelga, la moción recoge una batería de reivindicaciones dirigidas al propio Ayuntamiento, a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España. Entre las principales exigencias figura ampliar el parque público de vivienda y frenar la especulación inmobiliaria, una cuestión que se ha situado en el centro del debate político y social de Sagunt.
Más vivienda asequible y límites a los pisos turísticos
En el ámbito municipal, el acuerdo insta al gobierno local a incrementar la oferta de alquiler asequible, garantizar alternativas habitacionales ante los desahucios y limitar estrictamente las viviendas de uso turístico.
Las reivindicaciones también apuntan a la Generalitat, a la que se reclama que aplique la legislación vigente para declarar zonas de mercado residencial tensionado en aquellos municipios que lo hayan solicitado. Además, se exige elevar la inversión pública en vivienda hasta alcanzar, al menos, el 2% del PIB autonómico, acelerar las ayudas al alquiler, la compra y la rehabilitación, y garantizar que las viviendas de protección pública mantengan permanentemente esa calificación.
En cuanto al Gobierno central, la moción pide reforzar la protección frente a los desahucios, regular los alquileres de temporada y por habitaciones y prohibir la compra de viviendas por parte de los denominados fondos buitre. También reclama la prórroga automática de los contratos de alquiler y medidas para impedir la privatización del parque público.
Salarios, precios y servicios públicos
La convocatoria del 11 de noviembre no se limita a la vivienda. La propuesta aprobada también reclama medidas para proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, controlar los precios de los productos básicos y la energía, y desbloquear la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales.
El documento incorpora igualmente compromisos en defensa del sistema público de pensiones y de la financiación y calidad de los servicios públicos, además de garantizar el ejercicio del derecho de huelga entre el personal municipal.
La movilización está impulsada por CCOO y UGT, en confluencia con organizaciones de inquilinos y movimientos sociales por la vivienda. Durante la tramitación de la moción se incorporó también a la Confederación Intersindical y a la Confederación General del Trabajo (CGT) en la relación de sindicatos convocantes.
La Plataforma per l'Habitatge defiende que la protesta responde a una situación marcada por la emergencia residencial, la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo. En el texto aprobado, la entidad sostiene que las condiciones de vida y trabajo deben situarse en el centro de las prioridades políticas y reivindica el papel de la movilización ciudadana para exigir respuestas a las administraciones.