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La Albufera de Valencia agoniza mientras administraciones, partidos políticos y organismos de todo tipo siguen llenándose la boca hablando de sostenibilidad, protección del medio ambiente, defensa de los productos de proximidad y lucha contra el cambio climático. El problema es que, mientras se pronuncian todos esos discursos, quienes mantienen realmente vivo este ecosistema están haciendo números para saber si podrán volver a plantar arroz el próximo año, porque cultivar en la marjal empieza a convertirse en una actividad económicamente suicida.
Javier Matoses, productor de arroz valenciano, lo explicó recientemente con unas cifras que deberían provocar una reacción inmediata de las administraciones: producir un kilo de arroz cuesta aproximadamente 0,52 euros, mientras que esta campaña se manejan precios próximos a los 0,31 euros por kilo. Es decir, el agricultor puede perder alrededor de 21 céntimos por cada kilo que produce, una diferencia que multiplicada por toneladas y hectáreas convierte el cultivo en una fábrica de pérdidas, como se ha recogido en El Periódico de Aquí.
Y aquí está el gran error que durante demasiado tiempo se ha cometido: pensar que el problema del arroz es únicamente un problema de los arroceros. No lo es. El arrozal forma parte del funcionamiento de la Albufera, mantiene miles de hectáreas inundadas durante determinados periodos del año, sirve de hábitat para numerosas especies, participa en la circulación y gestión del agua y constituye una enorme infraestructura ambiental que durante generaciones han cuidado los agricultores sin que prácticamente nadie contabilizara ese trabajo dentro del coste de conservación del parque.
En las IX Jornadas de l’Albufera organizadas por El Periódico de Aquí el pasado mes de septiembre en Catarroja (l'Horta Sud) con la colaboración del Ayuntamiento de estas localidad, quedó bastante claro que no existe futuro para este espacio natural si se pretende separar artificialmente conservación, agricultura, pesca, gestión del agua y actividad humana. Uno de los mensajes más contundentes fue precisamente que los arrozales no representan un problema para la Albufera, sino que forman parte de la solución, hasta el punto de que durante las jornadas se recordó que los agricultores tienen en sus manos dos de los elementos esenciales del parque: la tierra y el agua. La angustia de los agricultores es tal que si la Generalitat no concede ayudas directas por las pérdidas, ''un porcentaje importante de agricultores podrían abandonar ya este año sus tierras''.
También quedó sobre la mesa una realidad incómoda: la Albufera lleva décadas soportando problemas de contaminación, aportes insuficientes o inadecuados de agua, vertidos, degradación ambiental y una fragmentación administrativa absurda en la que intervienen ayuntamientos, Generalitat, Gobierno central, confederaciones, entidades y organismos diferentes. Carles Sanchis, presidente de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, utilizó durante aquellas jornadas una comparación especialmente gráfica al advertir que ''seguimos intentando limpiar la pila mientras todavía no hemos cerrado el grifo por el que entra el agua sucia''.
La situación del arroz añade ahora una nueva bomba de relojería, porque ningún agricultor puede mantener indefinidamente una actividad en la que cada campaña supone perder dinero. Antes de recoger un solo kilo hay que adelantar el coste de semillas, maquinaria, gasóleo, fertilizantes, tratamientos, personal, alquileres y mantenimiento de los campos, mientras paralelamente aumenta la competencia del arroz procedente de terceros países, producido con costes muy inferiores y sometido en muchos casos a unas condiciones que difícilmente serían aceptables para un agricultor europeo. Matoses ha denunciado, además, el incremento del coste del gasóleo y los fertilizantes, las dificultades para combatir plagas como el cucat, las restricciones sobre determinados tratamientos y la creciente entrada de arroz importado.
Resulta bastante hipócrita pedir al agricultor valenciano que sea cada vez más sostenible, limitarle productos y tratamientos, incrementarle las exigencias medioambientales y laborales y, simultáneamente, permitir que compita en el mismo supermercado con arroz producido a miles de kilómetros bajo unas reglas completamente diferentes. Defender el producto de proximidad no puede reducirse a colocar una fotografía bonita de una paella en una campaña institucional; significa garantizar que dentro de diez, veinte o treinta años siga existiendo alguien dispuesto a cultivar el arroz con el que hacemos esa paella.
Y si los agricultores abandonan, el problema será mucho mayor que la desaparición de una actividad económica. Miles de hectáreas comenzarían a degradarse, aparecerían malas hierbas, plagas y problemas de gestión del agua, se perdería buena parte del paisaje que hoy asociamos a la Albufera y desaparecería progresivamente un ecosistema agrícola que también constituye el hábitat de multitud de aves y otras especies. Después llegarían las administraciones y gastarían millones de euros intentando realizar artificialmente trabajos que durante generaciones han llevado a cabo los agricultores mientras producían alimentos. Igualmente, está la Denominación de Origen Arroz de Valencia/Albufera, puesto que marcas muy conocidas utilizan símbolos valencianos, confundiendo al consumidor como que es arroz producido en Valencia y en realidad una inmensa mayoría procede del Sureste asiático.
La dana de octubre de 2024 demostró además que este territorio no solamente necesita ser protegido, sino que también protege. En las IX Jornadas, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, recordó que los campos de arroz contribuyeron a absorber y filtrar parte del agua durante las inundaciones, mientras José Francisco Cabanes, presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, reivindicó el enorme papel desempeñado por todo el sistema de la Albufera durante aquel episodio y resumió una idea fundamental: la sociedad tiene una deuda con este espacio natural.
Precisamente por eso resulta incomprensible que después de una catástrofe que recordó la importancia de conservar nuestros espacios naturales sigamos permitiendo que la principal actividad agrícola que sostiene la marjal avance hacia la ruina. Catarroja consiguió recuperar en 2026 el cien por cien del cultivo del arroz después de los daños provocados por la dana, pero recuperar los campos carecerá de sentido si después se condena económicamente a quienes tienen que cultivarlos.
La Albufera tampoco puede convertirse únicamente en un decorado turístico para que miles de visitantes hagan fotografías desde una barca, contemplen una puesta de sol y después regresen a Valencia. El turismo sostenible puede aportar riqueza, como también se debatió en Catarroja, pero necesita detrás un territorio vivo, con agricultores, pescadores, restaurantes, barqueros, cultura gastronómica, vela latina y unos municipios vinculados de verdad a la laguna. El guía de birding Virgilio Beltrán lo resumió con claridad durante las jornadas: si desaparecen los arrozales también desaparecerá una parte importante del atractivo natural y turístico del parque. Sin arrozales, habrá especies de aves que dejarán de estar en la Albufera.
La conclusión fue clara: hace falta un gran pacto por la Albufera que deje de medir sus resultados en ruedas de prensa, fotografías y anuncios de inversiones futuras. Un acuerdo estable entre Gobierno de España, Generalitat, ayuntamientos, agricultores, pescadores, comunidad científica, organizaciones ambientales y agentes económicos que garantice agua suficiente y de calidad, controle definitivamente los vertidos, permita combatir las plagas con herramientas eficaces, compense los servicios ambientales que presta el arrozal y garantice unos ingresos dignos para quienes siguen cultivando dentro del parque. Un parque que baña la ciudad de Valencia y las comarcas de l'Horta Sud, La Ribera Baixa y La Ribera Alta.
Porque proteger la Albufera cuesta dinero y alguien tiene que pagarlo. Lo que no se puede hacer es cargar ese coste casi exclusivamente sobre las espaldas del agricultor y esperar después que continúe cultivando por amor al paisaje, por tradición familiar o por romanticismo. Si la sociedad considera que los arrozales son esenciales para conservar uno de los humedales más importantes de Europa, esa función ambiental debe reconocerse y remunerarse.
Podemos seguir organizando congresos, redactando planes, anunciando millones y hablando de sostenibilidad, pero llegará un momento en que la naturaleza nos presente la factura de nuestra pasividad. Y quizá entonces descubramos demasiado tarde algo que Javier Matoses ha expresado de manera especialmente certera: cuando desaparezca el agricultor no estaremos perdiendo solamente el arroz. Estaremos dejando morir la Albufera.