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Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha dado un vuelco a la investigación del 'caso Plus Ultra'. Los agentes señalan al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por haber cobrado presuntamente 200.000 euros a cambio de mediar ante el Gobierno de Bolivia para resolver los problemas judiciales de un importante grupo empresarial peruano.
Según el documento policial, la investigación apunta a la "existencia de una dinámica de intermediación e influencias" ilícitas que se habrían ocultado bajo la apariencia de un contrato de consultoría simulado con una sociedad interpuesta.
Una presunta red de influencias internacionales
Los investigadores de la UDEF afirman que este hallazgo refuerza los indicios de una supuesta organización criminal liderada por el propio Zapatero. El informe detalla que el expresidente habría aprovechado sus contactos y su ascendencia pública internacional para operar en beneficio de clientes privados.
En este entramado, la Policía otorga un papel relevante a su secretaria, Gertrudis Alcázar, al considerar que intervenía directamente en la gestión de las comunicaciones, el intercambio de documentos y el control de la agenda de Zapatero, teniendo presuntamente "conocimiento suficiente" de estas maniobras.
El rastro en los teléfonos móviles
El origen de este nuevo avance se encuentra en el volcado de los teléfonos móviles de la secretaria de Zapatero, intervenidos por la justicia el pasado mes de mayo. Del análisis de los mensajes y llamadas, la UDEF infiere que el exjefe del Ejecutivo firmó un contrato de consultoría por valor de 200.000 euros con la firma Focus Social Research.
El verdadero objetivo de este acuerdo era auxiliar al Grupo Gloria, un conglomerado peruano cuya filial en Bolivia (Soboce) arrastraba una condena judicial que le obligaba a pagar 107 millones de dólares por competencia desleal.
Reuniones al más alto nivel en Bolivia
La documentación policial pormenoriza la agenda de contactos que se coordinó desde el entorno de Zapatero. El informe refleja cómo se concertaron reuniones y llamadas telefónicas entre el político español y las máximas autoridades del país andino, incluyendo al entonces presidente boliviano, Luis Arce, y a sus ministros de Economía y de Justicia.
"Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el procurador general", especifica la UDEF en el texto, aclarando que las gestiones judiciales directas las habría asumido el ministro de Justicia boliviano por orden de su presidente.
Pagos tras el vuelco judicial
Los agentes anticorrupción destacan que las maniobras de intermediación resultaron efectivas. Aunque la condena millonaria fue ratificada en primera instancia, el 30 de mayo de 2025 la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dejó sin efecto temporalmente la orden de pago de los 107 millones de dólares tras aceptar un amparo de la empresa.
Para la UDEF, la relación causa-efecto queda plasmada en las fechas de los movimientos bancarios. El informe concluye subrayando que solo unas semanas después de ese éxito judicial, concretamente el 16 y el 20 de junio de ese mismo año, se ordenaron dos transferencias consecutivas de 50.000 euros cada una desde la sociedad de consultoría a favor de Zapatero.