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La oposición a la planta de biometano proyectada en Llíria volvió este domingo a las calles de la capital del Camp de Túria. Convocados por la asociación Defensem Camp de Túria-La Serranía, vecinos de Llíria, Casinos y Domeño participaron en una nueva manifestación para mostrar su rechazo a la instalación promovida por la empresa The Green Vector.
La marcha recorrió varias calles del municipio bajo el lema “Stop Macroplanta Biometano Llíria. Nos lo venden como verde, pero es un marrón” y reunió a participantes llegados desde distintos puntos de la comarca. Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Casinos, Miguel Navarré, visible en la cabecera de la movilización junto a representantes de la asociación convocante portando la pancarta principal de la protesta.
Durante el recorrido, los participantes exhibieron pancartas y corearon consignas contra una iniciativa que consideran incompatible con el modelo de desarrollo que defienden para el territorio.
Las protestas se mantienen
La movilización llega meses después de que el proyecto obtuviera las principales autorizaciones administrativas necesarias para su desarrollo y cuando la oposición al mismo continúa activa tanto en la calle como en el ámbito institucional.
Defensem Camp de Túria-La Serranía sostiene que la futura instalación puede generar afecciones sobre el entorno y la calidad de vida de los municipios próximos. Entre sus principales preocupaciones figuran el volumen de residuos que trataría la planta, el aumento del tráfico pesado asociado a su actividad, los posibles olores y la proximidad de la instalación a varios núcleos de población de la comarca.
Lejos de rebajarse tras la concesión de las autorizaciones ambientales y urbanísticas, la contestación al proyecto sigue movilizando a parte del vecindario de Llíria, Casinos y Domeño, que reclama una revisión de la iniciativa.
Casinos mantiene abierta la vía judicial
La protesta coincide además con el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Casinos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra las principales autorizaciones que permitieron el desarrollo del proyecto.
El Consistorio solicita la revisión tanto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como de la Declaración de Interés Comunitario (DIC), al considerar que durante la tramitación no se garantizó adecuadamente la participación institucional del municipio.
Será ahora el alto tribunal valenciano quien determine si las resoluciones recurridas se ajustaron plenamente a derecho.
La empresa y el Ayuntamiento defienden la instalación
Frente a la oposición, tanto la empresa promotora como el Ayuntamiento de Llíria han defendido en distintas ocasiones la legalidad y viabilidad del proyecto.
The Green Vector sostiene que la futura planta permitirá transformar residuos orgánicos en biometano y fertilizantes dentro de un modelo de economía circular, mientras que el consistorio ha insistido públicamente en que la instalación cuenta con las autorizaciones e informes favorables exigidos por la normativa autonómica.
Por su parte, el Ayuntamiento de Llíria asegura que el proyecto dispone de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, la Declaración de Interés Comunitario y la Autorización Ambiental Integrada, además de informes favorables de distintos organismos sectoriales.
Mientras tanto, el debate continúa abierto. Con la oposición vecinal manteniendo las movilizaciones y la vía judicial impulsada por el Ayuntamiento de Casinos todavía en marcha, la planta de biometano sigue siendo uno de los proyectos que más división genera actualmente en el Camp de Túria.