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El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer luce portal de transparencia, pero la radiografía independiente es demoledora: apenas cumple el 10,87% de los indicadores evaluados por Dyntra y suspende en todos los ámbitos donde se decide, se contrata y se hormigona el municipio.
Dyntra es una plataforma colaborativa y un índice dinámico que mide, evalúa y audita en tiempo real el nivel de transparencia de gobiernos, administraciones públicas, partidos políticos y cargos electos. Su objetivo es fomentar la rendición de cuentas y frenar la corrupción a través del control ciudadano.
El vacío informativo encaja milimétricamente con una larga cadena de casos –Vitas de Amarre, Egevasa, Mas Camarena, la piscina del Cantó– y con las trayectorias, entre otros, de José Antonio Sancho Sempere, ex secretaro municipal, que hoy tienen a la localidad costera en el mapa de la corrupción municipal.
La foto fija: 10,87% de transparencia y un desierto en contratos y urbanismo
Dyntra, plataforma internacional de evaluación de transparencia, ha analizado al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer con su índice DAM, que incluye 184 indicadores agrupados en seis bloques: Transparencia Municipal, Participación y Colaboración Ciudadana, Transparencia Económico‑Financiera, Contrataciones de Servicios, Urbanismo y Obras Públicas y Open Data.
El resultado: solo 20 indicadores aprobados de 184 (10,87%) y una posición 596 en el ranking, con cuatro bloques completos en blanco: economía, contratos, urbanismo y datos abiertos.
La ficha, evaluada por Francisco Poza Prados y verificada por Dyntra, arroja un gráfico polar casi plano. La Transparencia Municipal apenas llega al 13,64% y la Participación y Colaboración Ciudadana al 28,21%, los dos únicos apartados que muestran algo de actividad. En cambio, la Transparencia Económico‑Financiera, las Contrataciones de Servicios, Urbanismo y Obras Públicas y el Open Data figuran con un 0% rotundo.
El detalle de los bloques más sensibles es clarificador:
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En contratación: 0 de 27 indicadores.
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No se publica la composición ni las actas de las mesas de contratación (dam411, dam412), ni la lista completa de contratos, modificados, contratos menores, estadísticas por procedimiento, convenios, concesiones, subvenciones o beneficiarios.
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En urbanismo y obras: 0 de 20 indicadores.
No hay sección visible de urbanismo, ni PGOU, ni mapas, ni modificaciones, ni convenios, ni planes parciales, ni proyectos, pliegos o actas de órganos informativos; tampoco listas de empresas concurrentes o adjudicatarias, ni fichas de las obras más importantes, ni indicadores de inversión en infraestructuras o peso del urbanismo en los ingresos y gastos.
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En open data: 0 de 2 indicadores.
No existe catálogo de datos abiertos ni publicación sistemática en formato reutilizable.
El vecino puede encontrar el teléfono del Ayuntamiento, pero no el quién, cómo y cuánto de las grandes decisiones que marcan el futuro de Canet.
Vitas de Amarre: un contrato en la sombra que acaba en sentencia
Un ejemplo paradigmático es el caso Vitas de Amarre. La mercantil litigó durante años contra el Ayuntamiento por una adjudicación, hasta lograr una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que condena al consistorio a pagar 276.375 euros más intereses. Los magistrados concluyeron que la adjudicación vulneró principios de igualdad y concurrencia, y que las decisiones municipales terminaron dañando tanto a la empresa como al interés general.
La sentencia revela una forma de gestionar el patrimonio público a espaldas de la ciudadanía, mientras desde la Alcaldía se intenta presentar la reducción de la reclamación económica inicial como una victoria política. Lo que no se explica es cómo se tomó la decisión, qué informes se emitieron, quién propuso qué, ni qué advertencias jurídicas se ignoraron; el portal de transparencia oficial tampoco ayuda: Dyntra certifica que Canet no publica ni la lista de contratos formalizados, ni sus características básicas, ni sus modificaciones, ni los contratos menores.
En otras palabras, el caso Vitas de Amarre es hoy visible gracias a los tribunales, no gracias a la transparencia municipal.
Egevasa: la trama de las asesorías y el agua como negocio discreto
Si hay un sector especialmente sensible en Canet es el agua. El nombre de Egevasa aparece por partida doble: en la pieza de la llamada “trama de las asesorías” y en el conflicto judicial sobre la concesión de la gestión del servicio.
Según la investigación del Juzgado de Instrucción n.º 12 de València, difundida por la prensa, Egevasa habría pagado 90.000 euros a la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) por informes destinados a “asegurar” una actitud favorable del Ayuntamiento de Canet en relación con la prórroga de la concesión de aguas.
El exsecretario municipal, José Antonio Sancho Sempere, figura como pieza central: actuaba a la vez como alto funcionario municipal y como profesional vinculado a AVJ, lo que permitió articular un sistema de asesorías de dudosa realidad material.
La Fiscalía reclamó para Egevasa una multa cercana a los dos millones de euros, la prohibición de recibir subvenciones y la inhabilitación para contratar con el sector público, al entender que se alteraba el funcionamiento normal de la administración en beneficio de la empresa. Paralelamente, el TSJCV dictó en marzo de 2025 una sentencia sobre el contrato de agua en Canet que el Ayuntamiento recurrió ante el Supremo, mientras se discutía si el coste para el municipio podía alcanzar varios millones de euros.
De todo ese recorrido –informes, prórrogas, condiciones contractuales, impacto sobre las tarifas y las cuentas municipales– el portal de transparencia no ofrece prácticamente nada. Dyntra muestra un 0% en contratación y en económico‑financiera: no hay visor de contratos, no hay estadísticas de adjudicación, no hay datos de concesiones, no hay seguimiento público de las sentencias ni de su impacto presupuestario. El agua, que debería ser un servicio público bajo foco, se ha gestionado como un negocio blindado.
Mas Camarena y la piscina del Cantó: urbanismo a ciegas, facturas a la vista
En el ámbito urbanístico, los casos Mas Camarena y la piscina del Canto ilustran el mismo patrón: decisiones discrecionales, falta de información y, años después, sentencias que condenan al Ayuntamiento a pagar.
Mas Camarena emerge como símbolo de cómo se adjudica suelo público sin suficiente transparencia y cómo el error, o la arbitrariedad, acaba pagándose caro. Los tribunales han obligado a Canet a desembolsar alrededor de 2,2 millones de euros como consecuencia de una operación de cesión de suelo para un centro educativo privado que no se ajustó a los principios de publicidad y concurrencia exigibles.
La piscina del Cantó, por su parte, aparece en la prensa comarcal como ejemplo de proyecto mal concebido y peor gestionado, con sobrecostes, conflictos contractuales y nula rendición de cuentas al vecindario. Se trata de una infraestructura emblemática cuyo coste real, condiciones contractuales y cronograma de ejecución no pueden reconstruirse a partir del portal de transparencia porque, sencillamente, esa información no se publica.
Dyntra no encuentra ni sección visible de urbanismo en la web municipal, ni publicación del PGOU, mapas o modificaciones, ni relación de convenios urbanísticos, ni planes parciales, ni proyectos y pliegos de obras, ni listados de empresas concurrentes y adjudicatarias. Tampoco hay indicadores de inversión por habitante o peso del urbanismo en el presupuesto. Canet construye, derriba y paga, pero lo hace, a ojos del ciudadano, en la penumbra.
Sancho Sempere: 25 años de poder en la sombra
Por encima de los casos concretos se alza una figura recurrente: José Antonio Sancho Sempere, exsecretario municipal de Canet d’en Berenguer. La prensa habla de “25 años de corrupción” y de una auténtica captura institucional, en la que un funcionario clave llegaría a condicionar decisiones políticas, informes jurídicos, contratos y procesos selectivos.
En 2022, el Juzgado de lo Penal n.º 18 de Valencia lo condenó por un delito continuado de prevaricación en concurso con negociaciones prohibidas y abuso de funciones por facturar al Ayuntamiento, a través de su entorno profesional, 151.735,52 euros en informes y servicios que el juez consideró injustificados o contrarios al ordenamiento. El consistorio ha reclamado ante el Tribunal de Cuentas la devolución de ese importe, al entender que causó un daño directo al erario municipal.
Otra pieza judicial lo sienta en el banquillo junto a Egevasa y la AVJ por la trama de las asesorías, mientras la prensa desvela incluso un episodio en el que habría falsificado presuntamente la firma de sus propias hermanas para acceder a una herencia. Existen estimaciones periciales privadas que estiman en al menos 10 millones de euros el daño económico global causado por el entramado de decisiones, contratos y asesorías en las que habría intervenido, no solo en Canet sino en otras administraciones.
Todo esto ha ocurrido en un Ayuntamiento que hoy presenta, según Dyntra, un 0% en la publicación de contratos, convenios, subvenciones, indicadores urbanísticos y datos financieros.
La opacidad no explica la corrupción, pero sí la hace más fácil, más rentable y más duradera.
José Rodríguez Jurado: el ascenso bajo sospecha
El nombre de José Rodríguez Jurado añade una capa institucional más al cuadro. Actual subdelegado del Gobierno en Valencia, su acceso al subgrupo A1 –condición necesaria para el cargo– se produjo a través de un proceso selectivo en el Ayuntamiento de Canet hoy bajo investigación de la Agencia Valenciana Antifraude y de la Fiscalía. Según una información de esDiario, Antifraude ha abierto una investigación por presunto fraude y corrupción en ese proceso, que ya acumula siete recursos, una denuncia ante la Fiscalía Provincial y varias comunicaciones al Tribunal de Cuentas. La Agencia habla de indicios serios de irregularidades en los criterios aplicados y en el desarrollo de la selección, y apunta a posibles responsabilidades de cargos políticos y técnicos.
El caso revela que la opacidad en la contratación de personal –otra dimensión que Dyntra intenta medir a través de la publicación de convocatorias, bases, listas de admitidos y resultados– no es un problema abstracto: tiene consecuencias directas en quién ocupa puestos clave en la administración y en qué condiciones. En Canet, el silencio documental vuelve a ser la norma.
Un ayuntamiento turístico en el banquillo de la opinión pública
Canet d’en Berenguer es un municipio turístico: en verano multiplica su población y su exposición pública, y se vende como destino familiar de calidad. Sin embargo, en el plano institucional, la combinación de informe Dyntra y casos judiciales lo sitúa hoy en el banquillo de la opinión pública.
Que un ayuntamiento de estas características obtenga un 10,87% en transparencia, que no publique sus contratos, que sus grandes operaciones urbanísticas y concesionales hayan acabado en condenas millonarias y que su exsecretario esté en el centro de varias causas penales y contables, dice mucho más que cualquier lema de “buen gobierno”.
La herramienta Dyntra, reconocida en 2017 por Telefónica y la revista Compromiso Empresarial entre las mejores prácticas internacionales de transparencia, opera aquí como un espejo incómodo: no crea la realidad, la refleja. Lo que muestra en Canet es un modelo de poder local que ha confundido la transparencia con el marketing y el gobierno abierto con un portal vacío.
La pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿aprovechará el Ayuntamiento esta radiografía para abrir ventanas y rendir cuentas, o seguirá alimentando el pacto de silencio que ha permitido que 25 años de corrupción, mala gestión y enchufismo sigan coleando en pleno siglo XXI?
Nota: Este artículo ha sido elaborado entre otras con las siguientes fuentes de información: Plataforma Dyntra: índice DAM de transparencia municipal y ficha de evaluación del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer; Sentencias y resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y del Tribunal Supremo; Informaciones publicadas en medios de comunicación autonómicos y comarcales; Documentación judicial y contable relativa a José Antonio Sancho Sempere, incluidos procedimientos penales, reclamaciones ante el Tribunal de Cuentas y estimaciones periciales de daño económico; comunicaciones e investigaciones de la Agencia Valenciana Antifraude y de la Fiscalía Provincial de Valencia y normativa vigente sobre transparencia, buen gobierno y contratación pública en las entidades locales.