Museros ha aprobado la solicitud formal a la Generalitat Valenciana para que el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado, una iniciativa que busca aplicar las medidas de la ley estatal de vivienda para contener los precios y facilitar el acceso a los ciudadanos. Con este movimiento, Museros se suma a la corriente que recorre la comarca de l'Horta Nord, donde otras localidades con dinámicas inmobiliarias similares como Burjassot, la Pobla de Farnals, el Puig, Paterna y Alboraya ya han dado el paso para solicitar esta protección ante la Generalitat.
La moción ha salido adelante gracias al bloque del equipo de gobierno progresista, contando con los votos favorables de PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Unidas Podemos, mientras que el Partido Popular ha votado en contra de la propuesta.
Un desajuste de 250 euros sobre el precio admisible
Los datos recogidos en la propuesta institucional constatan un aumento de la dependencia de las ayudas públicas para poder afrontar el pago del arrendamiento, así como una presión directa sobre los recursos municipales derivada de las dificultades habitacionales. El texto técnico señala la existencia de un desajuste real entre el precio actual de mercado y el precio admisible para las familias de la localidad.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Vicente Pérez, ha explicado que, si la Administración fija en 650 euros el umbral de vivienda asequible y en Museros el precio habitual del alquiler se sitúa alrededor de los 900 euros mensuales o incluso por encima, se está ante un mercado objetivamente tensionado. Pérez ha remarcado que no se trata de una situación puntual, sino de una realidad sostenida que cada vez afecta a más personas y que obliga a muchas familias a destinar una parte excesiva de sus ingresos a la vivienda, defendiendo que los ayuntamientos deben utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar que la gente pueda continuar viviendo en su pueblo.
Medidas contra la expulsión de los vecinos
Por su parte, la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, ha destacado que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias del municipio y que el Consistorio no puede mirar hacia otro lado. Civera ha asegurado que esta iniciativa busca proteger el derecho a vivir dignamente en la localidad y evitar que los precios continúen expulsando a vecinos y vecinas, insistiendo en que la vivienda tiene que ser un derecho y no un factor de desigualdad.
Desde el gobierno municipal señalan que la aprobación de la declaración de zona tensionada por parte de la Generalitat permitiría aplicar mecanismos directos de contención de los precios del alquiler y reforzar las políticas públicas en un contexto de creciente dificultad residencial. A pesar del aumento de solicitudes municipales, la Generalitat Valenciana ha mostrado reticencias a aplicar esta figura. El 1 de febrero pasado, el gobierno autonómico descartó declarar Sagunto como zona tensionada al considerar que la limitación de los precios podría tener un efecto contrario y acabar encareciendo el alquiler.